El procurador anti corrupción Julio César Roca, titular del caso de José Enrique Crousillat, confirmó que el ex empresario de televisión todavía le adeuda al Estado los 80 millones de soles que el Poder Judicial le impuso como reparación civil por haber vendido la línea editorial de América Televisión al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.En diálogo con elcomercio.pe, Roca detalló que su despacho ha decomisado automóviles, una casa en La Planicie y un terreno en el sur de Lima de propiedad del ex ‘broadcaster’, aunque aclaró que estos bienes no cuentan para reducir la deuda que le tiene al Estado.
“Nuestra legislación establece que las propiedades que se adquieren con dinero mal habido deben pasar a manos del Estado. No se contempla dentro al reparación civil”, agregó.
A pesar de no haber cumplido con el pago de la reparación, Crousillat podría salir en libertad si es que en los próximos días el Tribunal Constitucional falla a favor del recurso de hábeas corpus que presentó su abogado Jorge Castro, en el que pide declarar ilegal la revocatoria del indulto que recibió por parte del presidente Alan García.
Roca explicó que si el TC da una sentencia que favorezca al ex empresario de televisión, este tendría que ser puesto en libertad de manera automática y habría muy poco por hacer. “La sentencia del TC se tiene que cumplir, vamos a esperar, y lo que ordené tendrá que cumplirse, nos guste o no (…) Esta es la última instancia”, añadió.
PRESIDENTE PUEDE REVOCAR INDULTO
Sin embargo, el procurador señaló que si el presidente tiene la prerrogativa de otorgar un indulto también tiene la potestad de quitarlo. “Yo estoy de acuerdo que si el presidente puede hacerlo (dar un beneficio), con el mismo derecho puede revocarlo”, agregó.
Indicó que existe un vacío legal en este caso, pero que este no necesariamente beneficia a Crousillat. Refirió que solo se evalúa que García Pérez no puede quitar el indulto porque no hay ley que lo diga. No obstante, aseguró que nadie menciona que tampoco hay norma que lo impida.
El martes último constitucionalistas, como Samuel Abad, Francisco Eguiguren y Javier Alva Orlandini, dijeron a El Comercio que la decisión del presidente de la República de revocar el indulto fue legal pues en la tramitación hubo un acto fraudulento. “El presidente tiene la facultad de otorgarlo y si considera que hubo un error en su obtención lo puede dejar sin efecto”, señaló Alva, ex presidente del TC.
NUEVO PROCESO
De ser así, el ex empresario deberá permanecer recluido en el penal Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, durante un poco más de dos años, tiempo que le falta para cumplir su condena inicial de ocho años de prisión.
Cabe resaltar, que Crousillat podría permanecer más tiempo en la cárcel si elPoder Judicial lo halla culpable del delito de cohecho, del cual fue acusado recientemente por haber presentado presuntamente certificados falsos y haber fingido estar mal de salud para recibir el indulto presidencial.
SEBASTIAN ORTIZ MARTÍNEZ
Redacción online
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