La tradicional frase “una cachetada a la pobreza” queda corta para describir los cuantiosos gastos de publicidad ordenados por el presidente Alan García en todo tipo de avisos que solo resaltan su imagen y de algunos de sus ministros. Son millones de millones de dólares que no dudó en gastar desde la Presidencia de la República, violando la ley que regula la publicidad estatal.Fueron 7.4 millones de dólares los que utilizó para colocar en algunos medios de comunicación los avisos publicitarios mostrando su rostro y la frase “El Perú Avanza”.
Los 7.4 millones de dólares gastados representan un incremento en el gasto de la publicidad estatal de 500% en relación al 2009, que se gastó US$ 1.6 millones desde Palacio. En total, en los dos años, el presidente García utilizó la friolera suma de 8 millones 990 mil 913 dólares.
Este diario difundió en la víspera los montos totales desembolsados por el Ejecutivo en los dos últimos años, es decir, por todos sus ministerios, instituciones y organismos. Esa cifra asciende a la astronómica suma de US$ 72 millones, a la que se le debe agregar el Impuesto General a las Ventas (IGV), que en este caso sería US$ 13. 7 millones, lo que hace un total de US$ 85.7 millones.
La fuente de la información sobre los gastos de publicidad estatal es la empresa especializada en el rubro Ibopetime, que si bien consigna US$ 74 millones sin IGV, a esta hay que descontarle US$ 2 millones utilizados por el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, cuyos avisos no le cuestan al Estado, sino que son financiados por organismos internacionales.
Es evidente que el presidente de la República, Alan García, y su presidente del Consejo de Ministros, José Antonio Chang, deberían salir a la prensa para explicar estos excesivos gastos, estos desembolsos de las arcas del Estado que cada ciudadano peruano paga mensualmente a través de sus impuestos. Hasta ahora ninguna autoridad política ha querido responder.
Si García gastó, como dijimos, cerca de US$ 9 millones entre el 2009 y el 2010, el propio Chang, desde el Ministerio de Educación, desembolsó US$ 5.1 millones.
Esta es, sin duda, una información de la que no se quiere hablar en el Gobierno ni mostrar documentos, a pesar de que la Ley de Publicidad Estatal (Nº 28874) y la Ley de Radio y Televisión (Nº 28278) obligan a justificar los gastos, las campañas publicitarias y hasta los medios encargados de realizar la publicidad. A pesar de ello ninguna institución de control, hasta ahora, ha dado muestras de querer frenar esta situación.
Raúl Sánchez
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