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sábado, 30 de octubre de 2010

Acuerdo histórico: Cumbre de la ONU culminó con compromiso para proteger la biodiversidad

Nagoya (EFE). La Convención de la ONU sobre Biodiversidad (COP10) de Nagoya concluyó hoy con un acuerdo que incluye el compromiso de poner bajo protección, de aquí al 2020, el 17 por ciento de las áreas terrestres y el 10 por ciento de las áreas marinas del planeta.

Los negociadores de los 193 países que participan en la reunión de Nagoya también lograron consensuar un protocolo sobre el uso y distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos (ABS, siglas en inglés) y varios aspectos relativos a la financiación de los objetivos.

El encuentro de Nagoya se alargó varias horas más de lo previsto, hasta la madrugada del sábado en Japón, entre intensos debates para acercar posturas sobre un plan general para preservar la biodiversidad en el periodo 2011-2020.

Aunque el texto general logró ser aprobado, algunos países matizaron no estar plenamente de acuerdo con todos los documentos, entre ellos Cuba, aunque señaló que no se opondría al consenso.

Bolivia también indicó que daba su apoyo para no obstaculizar la aprobación, pero enfatizó que el protocolo sobre recursos genéticos “no recoge de manera plena las opiniones de algunos pueblos”.

El protocolo ABS busca gestionar el acceso y uso de los recursos genéticos, que según la ONU son el “material hereditario con valor económico, científico o social contenido en las especies”, por ejemplo en las plantas y microorganismos que se encuentran en territorios indígenas de México o de los países amazónicos de 1.200 nuevas especies fueron descubiertas en la Amazonía en la última década.

El asunto de la financiación de los objetivos también prolongó la jornada, pero finalmente se logró un consenso para alivio del anfitrión, el ministro japonés de Medio Ambiente, Ryu Matsumoto, que intentó en todo momento acercar a las partes para sacar adelante la COP10.

Antes del acuerdo final, los negociadores de la COP10, evento que comenzó hace dos semanas, aprobaron varios textos referidos a la conservación de la diversidad biológica de las montañas, de las aguas continentales, de las tierras áridas y subhúmedas, entre otras cuestiones.

Algunos de los documentos fueron adoptados con corchetes, las marcas que definen asuntos en los que hay desacuerdos, entre ellos el relativo a la taxonomía, mientras quedan aún algunos flecos vinculados a la financiación que todavía se estaban negociando esta madrugada en un grupo de trabajo.
Nagoya (EFE). La Convención de la ONU sobre Biodiversidad (COP10) de Nagoya concluyó hoy con un acuerdo que incluye el compromiso de poner bajo protección, de aquí al 2020, el 17 por ciento de las áreas terrestres y el 10 por ciento de las áreas marinas del planeta.

Los negociadores de los 193 países que participan en la reunión de Nagoya también lograron consensuar un protocolo sobre el uso y distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos (ABS, siglas en inglés) y varios aspectos relativos a la financiación de los objetivos.

El encuentro de Nagoya se alargó varias horas más de lo previsto, hasta la madrugada del sábado en Japón, entre intensos debates para acercar posturas sobre un plan general para preservar la biodiversidad en el periodo 2011-2020.

Aunque el texto general logró ser aprobado, algunos países matizaron no estar plenamente de acuerdo con todos los documentos, entre ellos Cuba, aunque señaló que no se opondría al consenso.

Bolivia también indicó que daba su apoyo para no obstaculizar la aprobación, pero enfatizó que el protocolo sobre recursos genéticos “no recoge de manera plena las opiniones de algunos pueblos”.

El protocolo ABS busca gestionar el acceso y uso de los recursos genéticos, que según la ONU son el “material hereditario con valor económico, científico o social contenido en las especies”, por ejemplo en las plantas y microorganismos que se encuentran en territorios indígenas de México o de los países amazónicos de 1.200 nuevas especies fueron descubiertas en la Amazonía en la última década.

El asunto de la financiación de los objetivos también prolongó la jornada, pero finalmente se logró un consenso para alivio del anfitrión, el ministro japonés de Medio Ambiente, Ryu Matsumoto, que intentó en todo momento acercar a las partes para sacar adelante la COP10.

Antes del acuerdo final, los negociadores de la COP10, evento que comenzó hace dos semanas, aprobaron varios textos referidos a la conservación de la diversidad biológica de las montañas, de las aguas continentales, de las tierras áridas y subhúmedas, entre otras cuestiones.

Algunos de los documentos fueron adoptados con corchetes, las marcas que definen asuntos en los que hay desacuerdos, entre ellos el relativo a la taxonomía, mientras quedan aún algunos flecos vinculados a la financiación que todavía se estaban negociando esta madrugada en un grupo de trabajo.

Acuerdo histórico: Cumbre de la ONU culminó con compromiso para proteger la biodiversidad

Nagoya (EFE). La Convención de la ONU sobre Biodiversidad (COP10) de Nagoya concluyó hoy con un acuerdo que incluye el compromiso de poner bajo protección, de aquí al 2020, el 17 por ciento de las áreas terrestres y el 10 por ciento de las áreas marinas del planeta.

Los negociadores de los 193 países que participan en la reunión de Nagoya también lograron consensuar un protocolo sobre el uso y distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos (ABS, siglas en inglés) y varios aspectos relativos a la financiación de los objetivos.

El encuentro de Nagoya se alargó varias horas más de lo previsto, hasta la madrugada del sábado en Japón, entre intensos debates para acercar posturas sobre un plan general para preservar la biodiversidad en el periodo 2011-2020.

Aunque el texto general logró ser aprobado, algunos países matizaron no estar plenamente de acuerdo con todos los documentos, entre ellos Cuba, aunque señaló que no se opondría al consenso.

Bolivia también indicó que daba su apoyo para no obstaculizar la aprobación, pero enfatizó que el protocolo sobre recursos genéticos “no recoge de manera plena las opiniones de algunos pueblos”.

El protocolo ABS busca gestionar el acceso y uso de los recursos genéticos, que según la ONU son el “material hereditario con valor económico, científico o social contenido en las especies”, por ejemplo en las plantas y microorganismos que se encuentran en territorios indígenas de México o de los países amazónicos de 1.200 nuevas especies fueron descubiertas en la Amazonía en la última década.

El asunto de la financiación de los objetivos también prolongó la jornada, pero finalmente se logró un consenso para alivio del anfitrión, el ministro japonés de Medio Ambiente, Ryu Matsumoto, que intentó en todo momento acercar a las partes para sacar adelante la COP10.

Antes del acuerdo final, los negociadores de la COP10, evento que comenzó hace dos semanas, aprobaron varios textos referidos a la conservación de la diversidad biológica de las montañas, de las aguas continentales, de las tierras áridas y subhúmedas, entre otras cuestiones.

Algunos de los documentos fueron adoptados con corchetes, las marcas que definen asuntos en los que hay desacuerdos, entre ellos el relativo a la taxonomía, mientras quedan aún algunos flecos vinculados a la financiación que todavía se estaban negociando esta madrugada en un grupo de trabajo.
Nagoya (EFE). La Convención de la ONU sobre Biodiversidad (COP10) de Nagoya concluyó hoy con un acuerdo que incluye el compromiso de poner bajo protección, de aquí al 2020, el 17 por ciento de las áreas terrestres y el 10 por ciento de las áreas marinas del planeta.

Los negociadores de los 193 países que participan en la reunión de Nagoya también lograron consensuar un protocolo sobre el uso y distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos (ABS, siglas en inglés) y varios aspectos relativos a la financiación de los objetivos.

El encuentro de Nagoya se alargó varias horas más de lo previsto, hasta la madrugada del sábado en Japón, entre intensos debates para acercar posturas sobre un plan general para preservar la biodiversidad en el periodo 2011-2020.

Aunque el texto general logró ser aprobado, algunos países matizaron no estar plenamente de acuerdo con todos los documentos, entre ellos Cuba, aunque señaló que no se opondría al consenso.

Bolivia también indicó que daba su apoyo para no obstaculizar la aprobación, pero enfatizó que el protocolo sobre recursos genéticos “no recoge de manera plena las opiniones de algunos pueblos”.

El protocolo ABS busca gestionar el acceso y uso de los recursos genéticos, que según la ONU son el “material hereditario con valor económico, científico o social contenido en las especies”, por ejemplo en las plantas y microorganismos que se encuentran en territorios indígenas de México o de los países amazónicos de 1.200 nuevas especies fueron descubiertas en la Amazonía en la última década.

El asunto de la financiación de los objetivos también prolongó la jornada, pero finalmente se logró un consenso para alivio del anfitrión, el ministro japonés de Medio Ambiente, Ryu Matsumoto, que intentó en todo momento acercar a las partes para sacar adelante la COP10.

Antes del acuerdo final, los negociadores de la COP10, evento que comenzó hace dos semanas, aprobaron varios textos referidos a la conservación de la diversidad biológica de las montañas, de las aguas continentales, de las tierras áridas y subhúmedas, entre otras cuestiones.

Algunos de los documentos fueron adoptados con corchetes, las marcas que definen asuntos en los que hay desacuerdos, entre ellos el relativo a la taxonomía, mientras quedan aún algunos flecos vinculados a la financiación que todavía se estaban negociando esta madrugada en un grupo de trabajo.

miércoles, 27 de octubre de 2010

OEA escuchó argumentos de demanda contra el Estado peruano por DL 1094, 1095 y 1096

El Instituto de Defensa Legal (IDL) sustentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sus argumentos para considerar ilegales a los decretos legislativos 1094, 1095 y 1096.

Respecto al primer decreto, el abogado del IDL, David Lobatón, pidió recomendar la nulidad de la aplicación del Código Militar Policial por supuestamente no garantizar la imparcialidad.

Sobre las otras dos normas, Lobatón solicitó que la OEA plantee al Perú sus reformas, pues según dijo, criminalizan las protestas y autorizan a las Fuerzas Armadas a usar la fuerza en zonas no declaradas en emergencia.

“Siendo ya una constante del Estado peruano el incumplimiento de estándares del sistema interamericano, en relación a la justicia militar, solicitamos a la honorable comisión que emita un informe especial en relación a la situación de la justicia militar y policial en el Perú, conforme establece el mandato de la comisión”, indicó el abogado.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Militar Policial, Carlos Mesa, aseguró que su fuero sí respeta el debido proceso, pues es el Poder Judicial el que determina si un caso es común o de orden militar.

En audiencia pública en Washington, Estados Unidos, Mesa sostuvo que el Tribunal Militar Policial solo enjuicia a personal en actividad y descartó que aquel impulse la impunidad.

El Instituto de Defensa Legal (IDL) sustentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sus argumentos para considerar ilegales a los decretos legislativos 1094, 1095 y 1096.

Respecto al primer decreto, el abogado del IDL, David Lobatón, pidió recomendar la nulidad de la aplicación del Código Militar Policial por supuestamente no garantizar la imparcialidad.

Sobre las otras dos normas, Lobatón solicitó que la OEA plantee al Perú sus reformas, pues según dijo, criminalizan las protestas y autorizan a las Fuerzas Armadas a usar la fuerza en zonas no declaradas en emergencia.

“Siendo ya una constante del Estado peruano el incumplimiento de estándares del sistema interamericano, en relación a la justicia militar, solicitamos a la honorable comisión que emita un informe especial en relación a la situación de la justicia militar y policial en el Perú, conforme establece el mandato de la comisión”, indicó el abogado.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Militar Policial, Carlos Mesa, aseguró que su fuero sí respeta el debido proceso, pues es el Poder Judicial el que determina si un caso es común o de orden militar.

En audiencia pública en Washington, Estados Unidos, Mesa sostuvo que el Tribunal Militar Policial solo enjuicia a personal en actividad y descartó que aquel impulse la impunidad.

OEA escuchó argumentos de demanda contra el Estado peruano por DL 1094, 1095 y 1096

El Instituto de Defensa Legal (IDL) sustentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sus argumentos para considerar ilegales a los decretos legislativos 1094, 1095 y 1096.

Respecto al primer decreto, el abogado del IDL, David Lobatón, pidió recomendar la nulidad de la aplicación del Código Militar Policial por supuestamente no garantizar la imparcialidad.

Sobre las otras dos normas, Lobatón solicitó que la OEA plantee al Perú sus reformas, pues según dijo, criminalizan las protestas y autorizan a las Fuerzas Armadas a usar la fuerza en zonas no declaradas en emergencia.

“Siendo ya una constante del Estado peruano el incumplimiento de estándares del sistema interamericano, en relación a la justicia militar, solicitamos a la honorable comisión que emita un informe especial en relación a la situación de la justicia militar y policial en el Perú, conforme establece el mandato de la comisión”, indicó el abogado.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Militar Policial, Carlos Mesa, aseguró que su fuero sí respeta el debido proceso, pues es el Poder Judicial el que determina si un caso es común o de orden militar.

En audiencia pública en Washington, Estados Unidos, Mesa sostuvo que el Tribunal Militar Policial solo enjuicia a personal en actividad y descartó que aquel impulse la impunidad.

El Instituto de Defensa Legal (IDL) sustentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sus argumentos para considerar ilegales a los decretos legislativos 1094, 1095 y 1096.

Respecto al primer decreto, el abogado del IDL, David Lobatón, pidió recomendar la nulidad de la aplicación del Código Militar Policial por supuestamente no garantizar la imparcialidad.

Sobre las otras dos normas, Lobatón solicitó que la OEA plantee al Perú sus reformas, pues según dijo, criminalizan las protestas y autorizan a las Fuerzas Armadas a usar la fuerza en zonas no declaradas en emergencia.

“Siendo ya una constante del Estado peruano el incumplimiento de estándares del sistema interamericano, en relación a la justicia militar, solicitamos a la honorable comisión que emita un informe especial en relación a la situación de la justicia militar y policial en el Perú, conforme establece el mandato de la comisión”, indicó el abogado.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Militar Policial, Carlos Mesa, aseguró que su fuero sí respeta el debido proceso, pues es el Poder Judicial el que determina si un caso es común o de orden militar.

En audiencia pública en Washington, Estados Unidos, Mesa sostuvo que el Tribunal Militar Policial solo enjuicia a personal en actividad y descartó que aquel impulse la impunidad.

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