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viernes, 14 de enero de 2011

/Video/ Fiscal Echaíz descartó presión política en Caso Del Castillo

Hasta el próximo 19 de enero, la Dirección Política del Apra esperará a que el Ministerio Público resuelva las denuncias por presunto favorecimiento a la Petrolera Monterrico y enriquecimiento ilícito contra el legislador Jorge del Castillo, a fin de decidir luego la inclusión de este o no en la lista congresal que irá a las elecciones de abril próximo.

La candidata presidencial oficialista, Mercedes Aráoz, ha reiterado que mientras este proceso siga pendiente en Fiscalía, o esta institución declare a Del Castillo responsable en los citados ilícitos, no lo llevará en la nómina definitiva de sus postulantes al Parlamento.

En este contexto, la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, salió al frente para señalar de manera enfática que “una investigación fiscal, sobre todo si es preliminar, no puede ser el condicionante para un tema político”.

“El trabajo fiscal no es político y no se puede politizar la resolución de un fiscal. Aquí existen normas constitucionales que son las que deben regir para nuestra actuación”, indicó.

En ese sentido, Echaíz aclaró que resolverá en el tiempo que considere pertinente el caso en cuestión, puesto que la institución que encabeza no está sujeta a situaciones externas.

“Un fiscal no puede actuar por presiones políticas o de cualquier otra naturaleza. No se puede judicializar o politizar los temas. Nosotros investigamos causas de presunto contenido penal. Nosotros no investigamos hechos políticos, por tanto esto no puede moverse alrededor de nuestra decisión”, espetó.

Finalmente, Gladys Echaíz refirió que no sabe cuándo se emitirá la resolución del caso que compromete al ex primer ministro y solicitó que no se mezcle a la Fiscalía en un “tema de otra naturaleza y que se rige por otras normas”.

“Una decisión fiscal no puede ser condicionada por nadie ni emplazada por nadie. Se resolverá cuando tenga que resolverse. La utilización de la fiscal de la Nación nunca la verán, no en mi caso por lo menos”, sentenció.

Hasta el próximo 19 de enero, la Dirección Política del Apra esperará a que el Ministerio Público resuelva las denuncias por presunto favorecimiento a la Petrolera Monterrico y enriquecimiento ilícito contra el legislador Jorge del Castillo, a fin de decidir luego la inclusión de este o no en la lista congresal que irá a las elecciones de abril próximo.

La candidata presidencial oficialista, Mercedes Aráoz, ha reiterado que mientras este proceso siga pendiente en Fiscalía, o esta institución declare a Del Castillo responsable en los citados ilícitos, no lo llevará en la nómina definitiva de sus postulantes al Parlamento.

En este contexto, la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, salió al frente para señalar de manera enfática que “una investigación fiscal, sobre todo si es preliminar, no puede ser el condicionante para un tema político”.

“El trabajo fiscal no es político y no se puede politizar la resolución de un fiscal. Aquí existen normas constitucionales que son las que deben regir para nuestra actuación”, indicó.

En ese sentido, Echaíz aclaró que resolverá en el tiempo que considere pertinente el caso en cuestión, puesto que la institución que encabeza no está sujeta a situaciones externas.

“Un fiscal no puede actuar por presiones políticas o de cualquier otra naturaleza. No se puede judicializar o politizar los temas. Nosotros investigamos causas de presunto contenido penal. Nosotros no investigamos hechos políticos, por tanto esto no puede moverse alrededor de nuestra decisión”, espetó.

Finalmente, Gladys Echaíz refirió que no sabe cuándo se emitirá la resolución del caso que compromete al ex primer ministro y solicitó que no se mezcle a la Fiscalía en un “tema de otra naturaleza y que se rige por otras normas”.

“Una decisión fiscal no puede ser condicionada por nadie ni emplazada por nadie. Se resolverá cuando tenga que resolverse. La utilización de la fiscal de la Nación nunca la verán, no en mi caso por lo menos”, sentenció.

sábado, 13 de noviembre de 2010

(Video) Titular del Poder Judicial dio su respaldo a jueza que liberó a Lori Berenson

El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, respaldó hoy a la jueza Jéssica León, quien la semana pasada resolvió concederle la semi libertad a la ex integrante del MRTA, Lori Berenson.

“En un país donde hay división de poderes, la jueza ha actuado con arreglo a su criterio y siguiendo estrictamente lo que dicen los informes del INPE, que pertenece al Ministerio de Justicia”, señaló Villa Stein.

Cabe recordar que tanto la ministra de Justicia, Rosario Fernández, como el procurador del Estado para este caso, Julio Galindo, han cuestionado la decisión de la jueza.

“El procurador está defendiendo su tesis, su punto de vista, pero eso no significa que tenga la razón”, dijo.

Agregó que no solo se trata de una cuestión de independencia, “sino porque en este caso concreto primó un criterio de justicia”.

Recordó que el tema será revisado por la Corte Superior. Tanto el Ministerio Público como la procuraduría han apelado la resolución de la magistrada.


El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, respaldó hoy a la jueza Jéssica León, quien la semana pasada resolvió concederle la semi libertad a la ex integrante del MRTA, Lori Berenson.

“En un país donde hay división de poderes, la jueza ha actuado con arreglo a su criterio y siguiendo estrictamente lo que dicen los informes del INPE, que pertenece al Ministerio de Justicia”, señaló Villa Stein.

Cabe recordar que tanto la ministra de Justicia, Rosario Fernández, como el procurador del Estado para este caso, Julio Galindo, han cuestionado la decisión de la jueza.

“El procurador está defendiendo su tesis, su punto de vista, pero eso no significa que tenga la razón”, dijo.

Agregó que no solo se trata de una cuestión de independencia, “sino porque en este caso concreto primó un criterio de justicia”.

Recordó que el tema será revisado por la Corte Superior. Tanto el Ministerio Público como la procuraduría han apelado la resolución de la magistrada.


(Video) Titular del Poder Judicial dio su respaldo a jueza que liberó a Lori Berenson

El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, respaldó hoy a la jueza Jéssica León, quien la semana pasada resolvió concederle la semi libertad a la ex integrante del MRTA, Lori Berenson.

“En un país donde hay división de poderes, la jueza ha actuado con arreglo a su criterio y siguiendo estrictamente lo que dicen los informes del INPE, que pertenece al Ministerio de Justicia”, señaló Villa Stein.

Cabe recordar que tanto la ministra de Justicia, Rosario Fernández, como el procurador del Estado para este caso, Julio Galindo, han cuestionado la decisión de la jueza.

“El procurador está defendiendo su tesis, su punto de vista, pero eso no significa que tenga la razón”, dijo.

Agregó que no solo se trata de una cuestión de independencia, “sino porque en este caso concreto primó un criterio de justicia”.

Recordó que el tema será revisado por la Corte Superior. Tanto el Ministerio Público como la procuraduría han apelado la resolución de la magistrada.


El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, respaldó hoy a la jueza Jéssica León, quien la semana pasada resolvió concederle la semi libertad a la ex integrante del MRTA, Lori Berenson.

“En un país donde hay división de poderes, la jueza ha actuado con arreglo a su criterio y siguiendo estrictamente lo que dicen los informes del INPE, que pertenece al Ministerio de Justicia”, señaló Villa Stein.

Cabe recordar que tanto la ministra de Justicia, Rosario Fernández, como el procurador del Estado para este caso, Julio Galindo, han cuestionado la decisión de la jueza.

“El procurador está defendiendo su tesis, su punto de vista, pero eso no significa que tenga la razón”, dijo.

Agregó que no solo se trata de una cuestión de independencia, “sino porque en este caso concreto primó un criterio de justicia”.

Recordó que el tema será revisado por la Corte Superior. Tanto el Ministerio Público como la procuraduría han apelado la resolución de la magistrada.


Trabajadores del Poder Judicial suspendieron huelga que acataban por aumento de sueldos

Tras reunirse con el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, el 70% de los trabajadores de dicho ente del Estado decidió hoy suspender por cuatro días la huelga que acataban desde el 3 de noviembre exigiendo el aumento de sus sueldos.


La medida de fuerza ha sido levantada hasta el jueves 18, día que el Congreso de la República debatirá la nueva escala remunerativa de los trabajadores del PJ, y de no darse una solución el paro sería restablecido.



En declaraciones a la prensa, Villa Stein señaló que a pesar de las discrepancias que existieron con los trabajadores, no hay diferencias de fondo porque lo que se quiere es una restructuración salarial acorde al Estado moderno.



“Luego de consultar con sus bases se ha logrado este asunto, de modo que se ha suspendido (la huelga) en un 70%, esperamos que con el pasar de las horas el 30% de gremios restantes acaten esta medida”, añadió.



SOLO ES UN TREGUA 
El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del PJ, Diego Alcántara, explicó a Canal N que la huelga solo ha sido paralizada por unos días para darle al Ministerio de Economía y Finanzas de presentar el presupuesto del 2011, que contempla su aumento, al Congreso, y que este sea aprobado.



Informó que las bases que todavía no han depuesto la medida de fuerza son las de Ica, Ayacucho, Ucayali y Junín, pero que lo más probable era que en las próximas horas se sumen a la decisión pactada con Villa Stein.



Para finalizar, aclaró que de no darse la aprobación de su aumento, los trabajadores del PJ retomarían la huelga.

Tras reunirse con el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, el 70% de los trabajadores de dicho ente del Estado decidió hoy suspender por cuatro días la huelga que acataban desde el 3 de noviembre exigiendo el aumento de sus sueldos.


La medida de fuerza ha sido levantada hasta el jueves 18, día que el Congreso de la República debatirá la nueva escala remunerativa de los trabajadores del PJ, y de no darse una solución el paro sería restablecido.



En declaraciones a la prensa, Villa Stein señaló que a pesar de las discrepancias que existieron con los trabajadores, no hay diferencias de fondo porque lo que se quiere es una restructuración salarial acorde al Estado moderno.



“Luego de consultar con sus bases se ha logrado este asunto, de modo que se ha suspendido (la huelga) en un 70%, esperamos que con el pasar de las horas el 30% de gremios restantes acaten esta medida”, añadió.



SOLO ES UN TREGUA 
El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del PJ, Diego Alcántara, explicó a Canal N que la huelga solo ha sido paralizada por unos días para darle al Ministerio de Economía y Finanzas de presentar el presupuesto del 2011, que contempla su aumento, al Congreso, y que este sea aprobado.



Informó que las bases que todavía no han depuesto la medida de fuerza son las de Ica, Ayacucho, Ucayali y Junín, pero que lo más probable era que en las próximas horas se sumen a la decisión pactada con Villa Stein.



Para finalizar, aclaró que de no darse la aprobación de su aumento, los trabajadores del PJ retomarían la huelga.

Trabajadores del Poder Judicial suspendieron huelga que acataban por aumento de sueldos

Tras reunirse con el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, el 70% de los trabajadores de dicho ente del Estado decidió hoy suspender por cuatro días la huelga que acataban desde el 3 de noviembre exigiendo el aumento de sus sueldos.


La medida de fuerza ha sido levantada hasta el jueves 18, día que el Congreso de la República debatirá la nueva escala remunerativa de los trabajadores del PJ, y de no darse una solución el paro sería restablecido.



En declaraciones a la prensa, Villa Stein señaló que a pesar de las discrepancias que existieron con los trabajadores, no hay diferencias de fondo porque lo que se quiere es una restructuración salarial acorde al Estado moderno.



“Luego de consultar con sus bases se ha logrado este asunto, de modo que se ha suspendido (la huelga) en un 70%, esperamos que con el pasar de las horas el 30% de gremios restantes acaten esta medida”, añadió.



SOLO ES UN TREGUA 
El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del PJ, Diego Alcántara, explicó a Canal N que la huelga solo ha sido paralizada por unos días para darle al Ministerio de Economía y Finanzas de presentar el presupuesto del 2011, que contempla su aumento, al Congreso, y que este sea aprobado.



Informó que las bases que todavía no han depuesto la medida de fuerza son las de Ica, Ayacucho, Ucayali y Junín, pero que lo más probable era que en las próximas horas se sumen a la decisión pactada con Villa Stein.



Para finalizar, aclaró que de no darse la aprobación de su aumento, los trabajadores del PJ retomarían la huelga.

Tras reunirse con el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, el 70% de los trabajadores de dicho ente del Estado decidió hoy suspender por cuatro días la huelga que acataban desde el 3 de noviembre exigiendo el aumento de sus sueldos.


La medida de fuerza ha sido levantada hasta el jueves 18, día que el Congreso de la República debatirá la nueva escala remunerativa de los trabajadores del PJ, y de no darse una solución el paro sería restablecido.



En declaraciones a la prensa, Villa Stein señaló que a pesar de las discrepancias que existieron con los trabajadores, no hay diferencias de fondo porque lo que se quiere es una restructuración salarial acorde al Estado moderno.



“Luego de consultar con sus bases se ha logrado este asunto, de modo que se ha suspendido (la huelga) en un 70%, esperamos que con el pasar de las horas el 30% de gremios restantes acaten esta medida”, añadió.



SOLO ES UN TREGUA 
El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del PJ, Diego Alcántara, explicó a Canal N que la huelga solo ha sido paralizada por unos días para darle al Ministerio de Economía y Finanzas de presentar el presupuesto del 2011, que contempla su aumento, al Congreso, y que este sea aprobado.



Informó que las bases que todavía no han depuesto la medida de fuerza son las de Ica, Ayacucho, Ucayali y Junín, pero que lo más probable era que en las próximas horas se sumen a la decisión pactada con Villa Stein.



Para finalizar, aclaró que de no darse la aprobación de su aumento, los trabajadores del PJ retomarían la huelga.

miércoles, 10 de noviembre de 2010

(Video) La Corte Suprema declaró ilegal el paro de trabajadores en el Poder Judicial

La huelga nacional indefinida que desde el pasado 3 de noviembre acatan los trabajadores de la Corte Suprema fue declarada ilegal por Javier Villa Stein, presidente de este poder del Estado, debido a que carece de los requisitos mínimos exigidos por la ley.

Mediante una resolución administrativa, Villa Stein detalló que la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, no ha demostrado que su medida de fuerza haya sido aceptada por la mayoría de sus integrantes.

El texto precisa además que el paro fue comunicado con diez días de anticipación lo cual es un tiempo insuficiente al tratarse de la administración de justicia.

Otra de las razones que sostiene el Poder Judicial es que la parte en protesta no agotó las negociaciones, cuyo objetivo era llegar a una solución que impida el inicio de la huelga .

De acuerdo con la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, si una paralización afecta los servicios públicos esenciales, los trabajadores en conflicto deberán garantizar la permanencia del personal necesario para impedir su interrupción total. Ello, según la resolución que declara la ilegalidad tampoco ha sido cumplido.

LO ADVIRTIÓ
Horas antes de que Villa Stein emita el referido documento, ya había advertido a los trabajadores en pie de lucha que si no suspendían su protesta, esta iba a ser declarada ilegal.

“Si en las próximas horas no tengo una muestra clara de ustedes, declararé la huelga ilegal y arrancarán los descuentos”, dijo.

La huelga nacional indefinida que desde el pasado 3 de noviembre acatan los trabajadores de la Corte Suprema fue declarada ilegal por Javier Villa Stein, presidente de este poder del Estado, debido a que carece de los requisitos mínimos exigidos por la ley.

Mediante una resolución administrativa, Villa Stein detalló que la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, no ha demostrado que su medida de fuerza haya sido aceptada por la mayoría de sus integrantes.

El texto precisa además que el paro fue comunicado con diez días de anticipación lo cual es un tiempo insuficiente al tratarse de la administración de justicia.

Otra de las razones que sostiene el Poder Judicial es que la parte en protesta no agotó las negociaciones, cuyo objetivo era llegar a una solución que impida el inicio de la huelga .

De acuerdo con la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, si una paralización afecta los servicios públicos esenciales, los trabajadores en conflicto deberán garantizar la permanencia del personal necesario para impedir su interrupción total. Ello, según la resolución que declara la ilegalidad tampoco ha sido cumplido.

LO ADVIRTIÓ
Horas antes de que Villa Stein emita el referido documento, ya había advertido a los trabajadores en pie de lucha que si no suspendían su protesta, esta iba a ser declarada ilegal.

“Si en las próximas horas no tengo una muestra clara de ustedes, declararé la huelga ilegal y arrancarán los descuentos”, dijo.

(Video) La Corte Suprema declaró ilegal el paro de trabajadores en el Poder Judicial

La huelga nacional indefinida que desde el pasado 3 de noviembre acatan los trabajadores de la Corte Suprema fue declarada ilegal por Javier Villa Stein, presidente de este poder del Estado, debido a que carece de los requisitos mínimos exigidos por la ley.

Mediante una resolución administrativa, Villa Stein detalló que la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, no ha demostrado que su medida de fuerza haya sido aceptada por la mayoría de sus integrantes.

El texto precisa además que el paro fue comunicado con diez días de anticipación lo cual es un tiempo insuficiente al tratarse de la administración de justicia.

Otra de las razones que sostiene el Poder Judicial es que la parte en protesta no agotó las negociaciones, cuyo objetivo era llegar a una solución que impida el inicio de la huelga .

De acuerdo con la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, si una paralización afecta los servicios públicos esenciales, los trabajadores en conflicto deberán garantizar la permanencia del personal necesario para impedir su interrupción total. Ello, según la resolución que declara la ilegalidad tampoco ha sido cumplido.

LO ADVIRTIÓ
Horas antes de que Villa Stein emita el referido documento, ya había advertido a los trabajadores en pie de lucha que si no suspendían su protesta, esta iba a ser declarada ilegal.

“Si en las próximas horas no tengo una muestra clara de ustedes, declararé la huelga ilegal y arrancarán los descuentos”, dijo.

La huelga nacional indefinida que desde el pasado 3 de noviembre acatan los trabajadores de la Corte Suprema fue declarada ilegal por Javier Villa Stein, presidente de este poder del Estado, debido a que carece de los requisitos mínimos exigidos por la ley.

Mediante una resolución administrativa, Villa Stein detalló que la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, no ha demostrado que su medida de fuerza haya sido aceptada por la mayoría de sus integrantes.

El texto precisa además que el paro fue comunicado con diez días de anticipación lo cual es un tiempo insuficiente al tratarse de la administración de justicia.

Otra de las razones que sostiene el Poder Judicial es que la parte en protesta no agotó las negociaciones, cuyo objetivo era llegar a una solución que impida el inicio de la huelga .

De acuerdo con la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, si una paralización afecta los servicios públicos esenciales, los trabajadores en conflicto deberán garantizar la permanencia del personal necesario para impedir su interrupción total. Ello, según la resolución que declara la ilegalidad tampoco ha sido cumplido.

LO ADVIRTIÓ
Horas antes de que Villa Stein emita el referido documento, ya había advertido a los trabajadores en pie de lucha que si no suspendían su protesta, esta iba a ser declarada ilegal.

“Si en las próximas horas no tengo una muestra clara de ustedes, declararé la huelga ilegal y arrancarán los descuentos”, dijo.

Federación de Trabajadores del Poder Judicial advierte que huelga continuará

Pese a que fue declarada ilegal por el presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, la huelga indefinida que acatan los trabajadores judiciales continuará debido a que no se les ha ofrecido una propuesta formal respecto a su demanda para que se establezca una escala remunerativa.

Así lo indicó el secretario general de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial, Diego Alcántara, quien acotó que su solicitud se podría solucionar con el presupuesto que tiene esta institución.

“No pedimos algo irracional. Hay una propuesta que fue aprobada por los técnicos del Ministerio de Economía y no la quieren dar a conocer. Hay algo que no está claro aquí”, manifestó.

Alcántara acusó al mismo Villa Stein de haber promovido la paralización, puesto que este generó gran expectativa en los trabajadores judiciales al aprobarse el proyecto de la nueva escala remunerativa en sala plena.

En tanto, el líder del sindicato indicó que se impugnará la resolución que invalida las protestas y “ante la indiferencia de Villa Stein” buscarán que alguna autoridad pueda respaldar su propuesta.

“En Lima, el doctor José Ñique de la Puente, decano del Colegio de Abogados de Lima, ha expresado la necesidad de respaldarnos. Hemos consultado a las bases y mientras no haya propuesta formal no suspenderemos nuestra medida de fuerza. Eso está bien claro. Invoco al doctor Villa Stein a que reflexione”, concluyó el secretario general.
Pese a que fue declarada ilegal por el presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, la huelga indefinida que acatan los trabajadores judiciales continuará debido a que no se les ha ofrecido una propuesta formal respecto a su demanda para que se establezca una escala remunerativa.

Así lo indicó el secretario general de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial, Diego Alcántara, quien acotó que su solicitud se podría solucionar con el presupuesto que tiene esta institución.

“No pedimos algo irracional. Hay una propuesta que fue aprobada por los técnicos del Ministerio de Economía y no la quieren dar a conocer. Hay algo que no está claro aquí”, manifestó.

Alcántara acusó al mismo Villa Stein de haber promovido la paralización, puesto que este generó gran expectativa en los trabajadores judiciales al aprobarse el proyecto de la nueva escala remunerativa en sala plena.

En tanto, el líder del sindicato indicó que se impugnará la resolución que invalida las protestas y “ante la indiferencia de Villa Stein” buscarán que alguna autoridad pueda respaldar su propuesta.

“En Lima, el doctor José Ñique de la Puente, decano del Colegio de Abogados de Lima, ha expresado la necesidad de respaldarnos. Hemos consultado a las bases y mientras no haya propuesta formal no suspenderemos nuestra medida de fuerza. Eso está bien claro. Invoco al doctor Villa Stein a que reflexione”, concluyó el secretario general.

Federación de Trabajadores del Poder Judicial advierte que huelga continuará

Pese a que fue declarada ilegal por el presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, la huelga indefinida que acatan los trabajadores judiciales continuará debido a que no se les ha ofrecido una propuesta formal respecto a su demanda para que se establezca una escala remunerativa.

Así lo indicó el secretario general de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial, Diego Alcántara, quien acotó que su solicitud se podría solucionar con el presupuesto que tiene esta institución.

“No pedimos algo irracional. Hay una propuesta que fue aprobada por los técnicos del Ministerio de Economía y no la quieren dar a conocer. Hay algo que no está claro aquí”, manifestó.

Alcántara acusó al mismo Villa Stein de haber promovido la paralización, puesto que este generó gran expectativa en los trabajadores judiciales al aprobarse el proyecto de la nueva escala remunerativa en sala plena.

En tanto, el líder del sindicato indicó que se impugnará la resolución que invalida las protestas y “ante la indiferencia de Villa Stein” buscarán que alguna autoridad pueda respaldar su propuesta.

“En Lima, el doctor José Ñique de la Puente, decano del Colegio de Abogados de Lima, ha expresado la necesidad de respaldarnos. Hemos consultado a las bases y mientras no haya propuesta formal no suspenderemos nuestra medida de fuerza. Eso está bien claro. Invoco al doctor Villa Stein a que reflexione”, concluyó el secretario general.
Pese a que fue declarada ilegal por el presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, la huelga indefinida que acatan los trabajadores judiciales continuará debido a que no se les ha ofrecido una propuesta formal respecto a su demanda para que se establezca una escala remunerativa.

Así lo indicó el secretario general de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial, Diego Alcántara, quien acotó que su solicitud se podría solucionar con el presupuesto que tiene esta institución.

“No pedimos algo irracional. Hay una propuesta que fue aprobada por los técnicos del Ministerio de Economía y no la quieren dar a conocer. Hay algo que no está claro aquí”, manifestó.

Alcántara acusó al mismo Villa Stein de haber promovido la paralización, puesto que este generó gran expectativa en los trabajadores judiciales al aprobarse el proyecto de la nueva escala remunerativa en sala plena.

En tanto, el líder del sindicato indicó que se impugnará la resolución que invalida las protestas y “ante la indiferencia de Villa Stein” buscarán que alguna autoridad pueda respaldar su propuesta.

“En Lima, el doctor José Ñique de la Puente, decano del Colegio de Abogados de Lima, ha expresado la necesidad de respaldarnos. Hemos consultado a las bases y mientras no haya propuesta formal no suspenderemos nuestra medida de fuerza. Eso está bien claro. Invoco al doctor Villa Stein a que reflexione”, concluyó el secretario general.

viernes, 5 de noviembre de 2010

MEF y PJ analizarán nueva escala salarial para trabajadores judiciales, anuncia Villa Stein

Foto: Diario el Peruano
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Villa Stein, anunció la creación de una comisión técnica mixta entre el Ministerio de Economía y Poder Judicial a efectos de analizar una nueva escala salarial para los trabajadores judiciales, que atacan una huelga desde hace tres días.

Afirmó que el jefe del Estado, Alan García Pérez, tras recibirlo en Palacio de Gobierno, expresó su voluntad política de apoyar en una solución prudente y progresiva de los reclamos de los servidores judiciales.

Precisó que el grupo de trabajo técnico estará asistido y monitoreado por la ministra de Justicia, Rosario Fernández.

“El presidente de la Republica expresó su voluntad política de resolver el tema con prudencia y criterio de progresividad, sin consecuencias en la caja fiscal, de modo que los trabajadores del Poder Judicial tienen que estar satisfechos”, manifestó.

“Hay avances, ya se han reunido los técnicos del MEF y del Poder Judicial y se estas reuniones se intensificarán a partir de hoy, porque la comisión que se forma de facto”, agregó en declaraciones a la prensa.

Exhortación
En tal sentido, hizo una exhortación a los trabajadores judiciales a deponer la medida de fuerza e iniciar un dialogo intensivo con los técnicos para resolver sus reclamos.

Villa Stein señaló que existen recursos provenientes de los saldos de la ley de austeridad del Poder Judicial “de modo que no tocaríamos las arcas propiamente” y no se afectaría la caja fiscal.

Asimismo, descartó haber avalado las acciones de violencia durante las protestas de los trabajadores judiciales e indicó que su exhortación siempre ha estado orientada a resolver los reclamos a través del diálogo.

Los trabajadores del Poder Judicial iniciaron el último martes una huelga en demanda de mejoras salariales y de una nueva escala remunerativa.
Foto: Diario el Peruano
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Villa Stein, anunció la creación de una comisión técnica mixta entre el Ministerio de Economía y Poder Judicial a efectos de analizar una nueva escala salarial para los trabajadores judiciales, que atacan una huelga desde hace tres días.

Afirmó que el jefe del Estado, Alan García Pérez, tras recibirlo en Palacio de Gobierno, expresó su voluntad política de apoyar en una solución prudente y progresiva de los reclamos de los servidores judiciales.

Precisó que el grupo de trabajo técnico estará asistido y monitoreado por la ministra de Justicia, Rosario Fernández.

“El presidente de la Republica expresó su voluntad política de resolver el tema con prudencia y criterio de progresividad, sin consecuencias en la caja fiscal, de modo que los trabajadores del Poder Judicial tienen que estar satisfechos”, manifestó.

“Hay avances, ya se han reunido los técnicos del MEF y del Poder Judicial y se estas reuniones se intensificarán a partir de hoy, porque la comisión que se forma de facto”, agregó en declaraciones a la prensa.

Exhortación
En tal sentido, hizo una exhortación a los trabajadores judiciales a deponer la medida de fuerza e iniciar un dialogo intensivo con los técnicos para resolver sus reclamos.

Villa Stein señaló que existen recursos provenientes de los saldos de la ley de austeridad del Poder Judicial “de modo que no tocaríamos las arcas propiamente” y no se afectaría la caja fiscal.

Asimismo, descartó haber avalado las acciones de violencia durante las protestas de los trabajadores judiciales e indicó que su exhortación siempre ha estado orientada a resolver los reclamos a través del diálogo.

Los trabajadores del Poder Judicial iniciaron el último martes una huelga en demanda de mejoras salariales y de una nueva escala remunerativa.

MEF y PJ analizarán nueva escala salarial para trabajadores judiciales, anuncia Villa Stein

Foto: Diario el Peruano
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Villa Stein, anunció la creación de una comisión técnica mixta entre el Ministerio de Economía y Poder Judicial a efectos de analizar una nueva escala salarial para los trabajadores judiciales, que atacan una huelga desde hace tres días.

Afirmó que el jefe del Estado, Alan García Pérez, tras recibirlo en Palacio de Gobierno, expresó su voluntad política de apoyar en una solución prudente y progresiva de los reclamos de los servidores judiciales.

Precisó que el grupo de trabajo técnico estará asistido y monitoreado por la ministra de Justicia, Rosario Fernández.

“El presidente de la Republica expresó su voluntad política de resolver el tema con prudencia y criterio de progresividad, sin consecuencias en la caja fiscal, de modo que los trabajadores del Poder Judicial tienen que estar satisfechos”, manifestó.

“Hay avances, ya se han reunido los técnicos del MEF y del Poder Judicial y se estas reuniones se intensificarán a partir de hoy, porque la comisión que se forma de facto”, agregó en declaraciones a la prensa.

Exhortación
En tal sentido, hizo una exhortación a los trabajadores judiciales a deponer la medida de fuerza e iniciar un dialogo intensivo con los técnicos para resolver sus reclamos.

Villa Stein señaló que existen recursos provenientes de los saldos de la ley de austeridad del Poder Judicial “de modo que no tocaríamos las arcas propiamente” y no se afectaría la caja fiscal.

Asimismo, descartó haber avalado las acciones de violencia durante las protestas de los trabajadores judiciales e indicó que su exhortación siempre ha estado orientada a resolver los reclamos a través del diálogo.

Los trabajadores del Poder Judicial iniciaron el último martes una huelga en demanda de mejoras salariales y de una nueva escala remunerativa.
Foto: Diario el Peruano
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Villa Stein, anunció la creación de una comisión técnica mixta entre el Ministerio de Economía y Poder Judicial a efectos de analizar una nueva escala salarial para los trabajadores judiciales, que atacan una huelga desde hace tres días.

Afirmó que el jefe del Estado, Alan García Pérez, tras recibirlo en Palacio de Gobierno, expresó su voluntad política de apoyar en una solución prudente y progresiva de los reclamos de los servidores judiciales.

Precisó que el grupo de trabajo técnico estará asistido y monitoreado por la ministra de Justicia, Rosario Fernández.

“El presidente de la Republica expresó su voluntad política de resolver el tema con prudencia y criterio de progresividad, sin consecuencias en la caja fiscal, de modo que los trabajadores del Poder Judicial tienen que estar satisfechos”, manifestó.

“Hay avances, ya se han reunido los técnicos del MEF y del Poder Judicial y se estas reuniones se intensificarán a partir de hoy, porque la comisión que se forma de facto”, agregó en declaraciones a la prensa.

Exhortación
En tal sentido, hizo una exhortación a los trabajadores judiciales a deponer la medida de fuerza e iniciar un dialogo intensivo con los técnicos para resolver sus reclamos.

Villa Stein señaló que existen recursos provenientes de los saldos de la ley de austeridad del Poder Judicial “de modo que no tocaríamos las arcas propiamente” y no se afectaría la caja fiscal.

Asimismo, descartó haber avalado las acciones de violencia durante las protestas de los trabajadores judiciales e indicó que su exhortación siempre ha estado orientada a resolver los reclamos a través del diálogo.

Los trabajadores del Poder Judicial iniciaron el último martes una huelga en demanda de mejoras salariales y de una nueva escala remunerativa.

miércoles, 3 de noviembre de 2010

Trabajadores del Poder Judicial inician paro nacional indefinido

Los trabajadores del Poder Judicial iniciaron hoy en todo el país un paro indefinido, en demanda a un aumento de sus remuneraciones, que se encuentran “congelados desde hace una década”.


Los empleados se han concentrado en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el centro de Lima, frente al Parque Universitario.



El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la institución judicial Jorge Cotrina sostuvo que no darán marcha atrás en su medida de fuerza mientras el gobierno no resuelva sus reclamos.

audio aquí
Los trabajadores del Poder Judicial iniciaron hoy en todo el país un paro indefinido, en demanda a un aumento de sus remuneraciones, que se encuentran “congelados desde hace una década”.


Los empleados se han concentrado en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el centro de Lima, frente al Parque Universitario.



El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la institución judicial Jorge Cotrina sostuvo que no darán marcha atrás en su medida de fuerza mientras el gobierno no resuelva sus reclamos.

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Trabajadores del Poder Judicial inician paro nacional indefinido

Los trabajadores del Poder Judicial iniciaron hoy en todo el país un paro indefinido, en demanda a un aumento de sus remuneraciones, que se encuentran “congelados desde hace una década”.


Los empleados se han concentrado en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el centro de Lima, frente al Parque Universitario.



El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la institución judicial Jorge Cotrina sostuvo que no darán marcha atrás en su medida de fuerza mientras el gobierno no resuelva sus reclamos.

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Los trabajadores del Poder Judicial iniciaron hoy en todo el país un paro indefinido, en demanda a un aumento de sus remuneraciones, que se encuentran “congelados desde hace una década”.


Los empleados se han concentrado en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el centro de Lima, frente al Parque Universitario.



El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la institución judicial Jorge Cotrina sostuvo que no darán marcha atrás en su medida de fuerza mientras el gobierno no resuelva sus reclamos.

audio aquí

Poder Judicial busca que las notificaciones se envíen vía e-mail en procesos comerciales

La imagen está grabada en la memoria de cualquiera que haya visitado un juzgado: miles de cuadernillos mal amontonados, esperando, y que esconden, en su desorden, la incertidumbre en la vida de un peruano.

Esas tristes columnas podrían tener los días contados si prospera el proyecto de digitalización de expedientes que ha iniciado el Poder Judicial y que ha tomado a los 17 juzgados comerciales de Lima para la primera fase de esta “revolución tecnológica”, como lo llaman sus promotores.

“El objetivo es que cada proceso judicial, desde la presentación del recurso hasta la notificación de la sentencia, se haga electrónicamente, a través de Internet y sin necesidad de papeles”, explicó el gerente general del Poder Judicial, Hugo Suero.

El primer paso hacia esa meta ha sido la implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas (Sinoe), que podría reducir de 25 días a pocos segundos lo que demora que la notificación de un juez le llegue a las partes.

HAY TEMOR
“El problema es que, como es voluntario, solo el 2% de los abogados ha solicitado su casilla electrónica. Al parecer, temen que, al ser más rápida la notificación, tengan menos plazo para impugnarlas”, detalló Héctor Lama, presidente de la Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial de la Corte de Lima.

En ese sentido, han presentado un proyecto de ley al Congreso para que sea obligatorio que todas las notificaciones se envíen vía correo electrónico, excepto cuando no hayan condiciones técnicas que lo permitan.

“Actualmente, se envían 75 mil notificaciones diarias, de las cuales, el 85% se envían al domicilio de cada una de las partes, lo cual es un desperdicio de dinero y tiempo”, dijo Suero.

Si se aprueba la iniciativa, señaló, el 80% de las comunicaciones de los jueces se haría vía Internet en el mediano plazo.

CELERIDAD COMERCIAL
En el caso de los juzgados comerciales, los objetivos son mucho más ambiciosos e inmediatos, lo cual podría acortar el tiempo en que se resuelven las controversias sobre contratos, garantías, deudas; se solucionan los conflictos entre accionistas y entre los bancos y sus clientes; y se ejecutan los laudos producto de un arbitraje.

“Debido a las características de los juzgados comerciales, cuyos procesos son más predecibles y rutinarios, esperamos que el 80% de la carga se maneje sin usar papeles en el tercer trimestre del 2011”, anunció Suero.

Lama explicó que incluso los remates que resultan de los procesos de ejecución de garantías –que representan la mayor parte de la carga de estos juzgados– podrían realizarse vía Internet.

“La idea es que el Poder Judicial no obstaculice la actividad comercial, sino que facilite que las empresas sostengan el crecimiento del país. Lo que se requiere es un cambio en la cultura de los jueces”, concluyó el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein.

Por: Alejandra Costa La Cruz
La imagen está grabada en la memoria de cualquiera que haya visitado un juzgado: miles de cuadernillos mal amontonados, esperando, y que esconden, en su desorden, la incertidumbre en la vida de un peruano.

Esas tristes columnas podrían tener los días contados si prospera el proyecto de digitalización de expedientes que ha iniciado el Poder Judicial y que ha tomado a los 17 juzgados comerciales de Lima para la primera fase de esta “revolución tecnológica”, como lo llaman sus promotores.

“El objetivo es que cada proceso judicial, desde la presentación del recurso hasta la notificación de la sentencia, se haga electrónicamente, a través de Internet y sin necesidad de papeles”, explicó el gerente general del Poder Judicial, Hugo Suero.

El primer paso hacia esa meta ha sido la implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas (Sinoe), que podría reducir de 25 días a pocos segundos lo que demora que la notificación de un juez le llegue a las partes.

HAY TEMOR
“El problema es que, como es voluntario, solo el 2% de los abogados ha solicitado su casilla electrónica. Al parecer, temen que, al ser más rápida la notificación, tengan menos plazo para impugnarlas”, detalló Héctor Lama, presidente de la Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial de la Corte de Lima.

En ese sentido, han presentado un proyecto de ley al Congreso para que sea obligatorio que todas las notificaciones se envíen vía correo electrónico, excepto cuando no hayan condiciones técnicas que lo permitan.

“Actualmente, se envían 75 mil notificaciones diarias, de las cuales, el 85% se envían al domicilio de cada una de las partes, lo cual es un desperdicio de dinero y tiempo”, dijo Suero.

Si se aprueba la iniciativa, señaló, el 80% de las comunicaciones de los jueces se haría vía Internet en el mediano plazo.

CELERIDAD COMERCIAL
En el caso de los juzgados comerciales, los objetivos son mucho más ambiciosos e inmediatos, lo cual podría acortar el tiempo en que se resuelven las controversias sobre contratos, garantías, deudas; se solucionan los conflictos entre accionistas y entre los bancos y sus clientes; y se ejecutan los laudos producto de un arbitraje.

“Debido a las características de los juzgados comerciales, cuyos procesos son más predecibles y rutinarios, esperamos que el 80% de la carga se maneje sin usar papeles en el tercer trimestre del 2011”, anunció Suero.

Lama explicó que incluso los remates que resultan de los procesos de ejecución de garantías –que representan la mayor parte de la carga de estos juzgados– podrían realizarse vía Internet.

“La idea es que el Poder Judicial no obstaculice la actividad comercial, sino que facilite que las empresas sostengan el crecimiento del país. Lo que se requiere es un cambio en la cultura de los jueces”, concluyó el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein.

Por: Alejandra Costa La Cruz

Poder Judicial busca que las notificaciones se envíen vía e-mail en procesos comerciales

La imagen está grabada en la memoria de cualquiera que haya visitado un juzgado: miles de cuadernillos mal amontonados, esperando, y que esconden, en su desorden, la incertidumbre en la vida de un peruano.

Esas tristes columnas podrían tener los días contados si prospera el proyecto de digitalización de expedientes que ha iniciado el Poder Judicial y que ha tomado a los 17 juzgados comerciales de Lima para la primera fase de esta “revolución tecnológica”, como lo llaman sus promotores.

“El objetivo es que cada proceso judicial, desde la presentación del recurso hasta la notificación de la sentencia, se haga electrónicamente, a través de Internet y sin necesidad de papeles”, explicó el gerente general del Poder Judicial, Hugo Suero.

El primer paso hacia esa meta ha sido la implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas (Sinoe), que podría reducir de 25 días a pocos segundos lo que demora que la notificación de un juez le llegue a las partes.

HAY TEMOR
“El problema es que, como es voluntario, solo el 2% de los abogados ha solicitado su casilla electrónica. Al parecer, temen que, al ser más rápida la notificación, tengan menos plazo para impugnarlas”, detalló Héctor Lama, presidente de la Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial de la Corte de Lima.

En ese sentido, han presentado un proyecto de ley al Congreso para que sea obligatorio que todas las notificaciones se envíen vía correo electrónico, excepto cuando no hayan condiciones técnicas que lo permitan.

“Actualmente, se envían 75 mil notificaciones diarias, de las cuales, el 85% se envían al domicilio de cada una de las partes, lo cual es un desperdicio de dinero y tiempo”, dijo Suero.

Si se aprueba la iniciativa, señaló, el 80% de las comunicaciones de los jueces se haría vía Internet en el mediano plazo.

CELERIDAD COMERCIAL
En el caso de los juzgados comerciales, los objetivos son mucho más ambiciosos e inmediatos, lo cual podría acortar el tiempo en que se resuelven las controversias sobre contratos, garantías, deudas; se solucionan los conflictos entre accionistas y entre los bancos y sus clientes; y se ejecutan los laudos producto de un arbitraje.

“Debido a las características de los juzgados comerciales, cuyos procesos son más predecibles y rutinarios, esperamos que el 80% de la carga se maneje sin usar papeles en el tercer trimestre del 2011”, anunció Suero.

Lama explicó que incluso los remates que resultan de los procesos de ejecución de garantías –que representan la mayor parte de la carga de estos juzgados– podrían realizarse vía Internet.

“La idea es que el Poder Judicial no obstaculice la actividad comercial, sino que facilite que las empresas sostengan el crecimiento del país. Lo que se requiere es un cambio en la cultura de los jueces”, concluyó el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein.

Por: Alejandra Costa La Cruz
La imagen está grabada en la memoria de cualquiera que haya visitado un juzgado: miles de cuadernillos mal amontonados, esperando, y que esconden, en su desorden, la incertidumbre en la vida de un peruano.

Esas tristes columnas podrían tener los días contados si prospera el proyecto de digitalización de expedientes que ha iniciado el Poder Judicial y que ha tomado a los 17 juzgados comerciales de Lima para la primera fase de esta “revolución tecnológica”, como lo llaman sus promotores.

“El objetivo es que cada proceso judicial, desde la presentación del recurso hasta la notificación de la sentencia, se haga electrónicamente, a través de Internet y sin necesidad de papeles”, explicó el gerente general del Poder Judicial, Hugo Suero.

El primer paso hacia esa meta ha sido la implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas (Sinoe), que podría reducir de 25 días a pocos segundos lo que demora que la notificación de un juez le llegue a las partes.

HAY TEMOR
“El problema es que, como es voluntario, solo el 2% de los abogados ha solicitado su casilla electrónica. Al parecer, temen que, al ser más rápida la notificación, tengan menos plazo para impugnarlas”, detalló Héctor Lama, presidente de la Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial de la Corte de Lima.

En ese sentido, han presentado un proyecto de ley al Congreso para que sea obligatorio que todas las notificaciones se envíen vía correo electrónico, excepto cuando no hayan condiciones técnicas que lo permitan.

“Actualmente, se envían 75 mil notificaciones diarias, de las cuales, el 85% se envían al domicilio de cada una de las partes, lo cual es un desperdicio de dinero y tiempo”, dijo Suero.

Si se aprueba la iniciativa, señaló, el 80% de las comunicaciones de los jueces se haría vía Internet en el mediano plazo.

CELERIDAD COMERCIAL
En el caso de los juzgados comerciales, los objetivos son mucho más ambiciosos e inmediatos, lo cual podría acortar el tiempo en que se resuelven las controversias sobre contratos, garantías, deudas; se solucionan los conflictos entre accionistas y entre los bancos y sus clientes; y se ejecutan los laudos producto de un arbitraje.

“Debido a las características de los juzgados comerciales, cuyos procesos son más predecibles y rutinarios, esperamos que el 80% de la carga se maneje sin usar papeles en el tercer trimestre del 2011”, anunció Suero.

Lama explicó que incluso los remates que resultan de los procesos de ejecución de garantías –que representan la mayor parte de la carga de estos juzgados– podrían realizarse vía Internet.

“La idea es que el Poder Judicial no obstaculice la actividad comercial, sino que facilite que las empresas sostengan el crecimiento del país. Lo que se requiere es un cambio en la cultura de los jueces”, concluyó el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein.

Por: Alejandra Costa La Cruz

viernes, 29 de octubre de 2010

Ministra Fernández anuncia aprobación de proyecto que penaliza ingreso de celulares a cárceles

La ministra de Justicia, Rosario Fernández, anunció que el Consejo de Ministros aprobó un proyecto que penaliza los actos de ingreso o intentos de ingreso de medios o elementos de comunicación a las cárceles.

Dicha iniciativa, agregó, también plantea sancionar a quienes, en el interior de los establecimientos penitenciarios, sabotean los sistemas de seguridad contra las comunicaciones.

Fernández indicó que muchas veces los visitantes del interno ingresan celulares, filamentos de cobre y demás adimentos al penal para provocar y hacer posible la comunicación por celular de los internos, que está prohibida.

Indicó que hasta la fecha, lamentablemente, en lo que se refiere a los internos, a los agentes penitenciarios y policías, los mencionados actos eran considerados sólo faltas administrativas, pero que a partir de este proyecto “se convertirá en un delito”.

“Y si la persona que ingresa o intenta ingresar un celular, o además sabotea o ayuda a sabotear los sistemas de seguridad, es un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) o policía tiene un agregado a la pena.”

La titular de Justicia explicó que dicho delito tendrá gradualidades, de tres a seis años, seis a ocho años y de ocho a 12 años, y las personas civiles que ingresen o intenten ingresar dichos elementos de comunicación o sabotean los sistemas de seguridad también tendrán responsabilidad penal.

Informó que los internos que tengan este tipo de comportamiento no podrán acceder a los beneficios penitenciarios ni postular a una conmutación de pena.

“Como ministra no lo voy a calificar positivamente, aquí hay que hacer una cadena de responsabilidades”, señaló la titular de Justicia, tras mencionar que la responsabilidad caerá sobre el interno que llevó a cabo el acto, como también en aquel que ayuda desde la calle a cometer dicha acción delictiva.

Finalmente lanzó una reflexión a los funcionarios y servidores de seguridad del Inpe y a la Policía, quienes tienen una misión importante de colaboración con la seguridad ciudadana.

“Sí ellos no tienen la responsabilidad para comportarse como tales deberían dejar sus puestos, y si cometen dichos delitos tendrán que asumir las consecuencias”, afirmó.
La ministra de Justicia, Rosario Fernández, anunció que el Consejo de Ministros aprobó un proyecto que penaliza los actos de ingreso o intentos de ingreso de medios o elementos de comunicación a las cárceles.

Dicha iniciativa, agregó, también plantea sancionar a quienes, en el interior de los establecimientos penitenciarios, sabotean los sistemas de seguridad contra las comunicaciones.

Fernández indicó que muchas veces los visitantes del interno ingresan celulares, filamentos de cobre y demás adimentos al penal para provocar y hacer posible la comunicación por celular de los internos, que está prohibida.

Indicó que hasta la fecha, lamentablemente, en lo que se refiere a los internos, a los agentes penitenciarios y policías, los mencionados actos eran considerados sólo faltas administrativas, pero que a partir de este proyecto “se convertirá en un delito”.

“Y si la persona que ingresa o intenta ingresar un celular, o además sabotea o ayuda a sabotear los sistemas de seguridad, es un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) o policía tiene un agregado a la pena.”

La titular de Justicia explicó que dicho delito tendrá gradualidades, de tres a seis años, seis a ocho años y de ocho a 12 años, y las personas civiles que ingresen o intenten ingresar dichos elementos de comunicación o sabotean los sistemas de seguridad también tendrán responsabilidad penal.

Informó que los internos que tengan este tipo de comportamiento no podrán acceder a los beneficios penitenciarios ni postular a una conmutación de pena.

“Como ministra no lo voy a calificar positivamente, aquí hay que hacer una cadena de responsabilidades”, señaló la titular de Justicia, tras mencionar que la responsabilidad caerá sobre el interno que llevó a cabo el acto, como también en aquel que ayuda desde la calle a cometer dicha acción delictiva.

Finalmente lanzó una reflexión a los funcionarios y servidores de seguridad del Inpe y a la Policía, quienes tienen una misión importante de colaboración con la seguridad ciudadana.

“Sí ellos no tienen la responsabilidad para comportarse como tales deberían dejar sus puestos, y si cometen dichos delitos tendrán que asumir las consecuencias”, afirmó.

Ministra Fernández anuncia aprobación de proyecto que penaliza ingreso de celulares a cárceles

La ministra de Justicia, Rosario Fernández, anunció que el Consejo de Ministros aprobó un proyecto que penaliza los actos de ingreso o intentos de ingreso de medios o elementos de comunicación a las cárceles.

Dicha iniciativa, agregó, también plantea sancionar a quienes, en el interior de los establecimientos penitenciarios, sabotean los sistemas de seguridad contra las comunicaciones.

Fernández indicó que muchas veces los visitantes del interno ingresan celulares, filamentos de cobre y demás adimentos al penal para provocar y hacer posible la comunicación por celular de los internos, que está prohibida.

Indicó que hasta la fecha, lamentablemente, en lo que se refiere a los internos, a los agentes penitenciarios y policías, los mencionados actos eran considerados sólo faltas administrativas, pero que a partir de este proyecto “se convertirá en un delito”.

“Y si la persona que ingresa o intenta ingresar un celular, o además sabotea o ayuda a sabotear los sistemas de seguridad, es un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) o policía tiene un agregado a la pena.”

La titular de Justicia explicó que dicho delito tendrá gradualidades, de tres a seis años, seis a ocho años y de ocho a 12 años, y las personas civiles que ingresen o intenten ingresar dichos elementos de comunicación o sabotean los sistemas de seguridad también tendrán responsabilidad penal.

Informó que los internos que tengan este tipo de comportamiento no podrán acceder a los beneficios penitenciarios ni postular a una conmutación de pena.

“Como ministra no lo voy a calificar positivamente, aquí hay que hacer una cadena de responsabilidades”, señaló la titular de Justicia, tras mencionar que la responsabilidad caerá sobre el interno que llevó a cabo el acto, como también en aquel que ayuda desde la calle a cometer dicha acción delictiva.

Finalmente lanzó una reflexión a los funcionarios y servidores de seguridad del Inpe y a la Policía, quienes tienen una misión importante de colaboración con la seguridad ciudadana.

“Sí ellos no tienen la responsabilidad para comportarse como tales deberían dejar sus puestos, y si cometen dichos delitos tendrán que asumir las consecuencias”, afirmó.
La ministra de Justicia, Rosario Fernández, anunció que el Consejo de Ministros aprobó un proyecto que penaliza los actos de ingreso o intentos de ingreso de medios o elementos de comunicación a las cárceles.

Dicha iniciativa, agregó, también plantea sancionar a quienes, en el interior de los establecimientos penitenciarios, sabotean los sistemas de seguridad contra las comunicaciones.

Fernández indicó que muchas veces los visitantes del interno ingresan celulares, filamentos de cobre y demás adimentos al penal para provocar y hacer posible la comunicación por celular de los internos, que está prohibida.

Indicó que hasta la fecha, lamentablemente, en lo que se refiere a los internos, a los agentes penitenciarios y policías, los mencionados actos eran considerados sólo faltas administrativas, pero que a partir de este proyecto “se convertirá en un delito”.

“Y si la persona que ingresa o intenta ingresar un celular, o además sabotea o ayuda a sabotear los sistemas de seguridad, es un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) o policía tiene un agregado a la pena.”

La titular de Justicia explicó que dicho delito tendrá gradualidades, de tres a seis años, seis a ocho años y de ocho a 12 años, y las personas civiles que ingresen o intenten ingresar dichos elementos de comunicación o sabotean los sistemas de seguridad también tendrán responsabilidad penal.

Informó que los internos que tengan este tipo de comportamiento no podrán acceder a los beneficios penitenciarios ni postular a una conmutación de pena.

“Como ministra no lo voy a calificar positivamente, aquí hay que hacer una cadena de responsabilidades”, señaló la titular de Justicia, tras mencionar que la responsabilidad caerá sobre el interno que llevó a cabo el acto, como también en aquel que ayuda desde la calle a cometer dicha acción delictiva.

Finalmente lanzó una reflexión a los funcionarios y servidores de seguridad del Inpe y a la Policía, quienes tienen una misión importante de colaboración con la seguridad ciudadana.

“Sí ellos no tienen la responsabilidad para comportarse como tales deberían dejar sus puestos, y si cometen dichos delitos tendrán que asumir las consecuencias”, afirmó.

lunes, 25 de octubre de 2010

Taxista acusado de violar a 14 escolares pretende quedar libre de culpa pagando a sus víctimas


Óscar Manuel Visalot Paredes (43), taxista acusado de ultrajar sexualmente a 14 escolares, estaría en busca de que las denuncias en su contra queden sin efecto a través de la entrega de dinero.

En un informe difundido por el programa de TV ‘Panorama’, la madre de una de las presuntas niñas violadas por Visalot, y tía de otra, refirió que el taxista le había ofrecido S/. 200 para que retire las denuncias policiales de ambas menores.

“Esto fue en marzo, al comienzo del caso. Me dijo que no le había hecho nada a mi hija. Que solo la había tocado pero fue un error, y que retirara las denuncias”, indicó la mujer que fue identificada solo como Isabella.

Esta acotó que ante su negativa y ya iniciadas las pericias de la Fiscalía de Familia, un hombre también le ofreció dinero: “Dijo que me iba a pagar US$ 2 mil si no me presentaba a declarar a ninguna fiscalía, pero también lo rechacé”.

Acotó que tras ello, este la amenazó y días después cuatro policías tocaron la puerta de su domicilio acusándola de proxenetismo y de vender droga.

‘Isabella’ aseguró que se trata de una estrategia de Óscar Visalot para salir librado del proceso que debe afrontar. Incluso, señaló que su sobrina ha dejado de acudir a brindar sus declaraciones porque habría recibido dinero del supuesto violador.

“Él ha pagado a las agraviadas pero en el caso de mi hija no la va a poder comprar. Estoy segura que van a aparecer más víctimas así que no esté muy seguro porque el dinero no le va a alcanzar”, añadió.

HABRÍA ADELANTADO SUS INTENCIONES
Visalot habría adelantado parte de esta aparente estrategia cuando señaló tras su captura, en la sede de Requisitorias, que la única manera en que podía demostrar su inocencia era si las menores decían que “todo era mentira”. “Ninguna de ellas se siente víctima y los padres menos”, subrayó.

Aquella mañana, el taxista también indicó sin tapujos: “La ley dice que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ustedes lo aplican al revés. Alguno de ustedes ha estudiado derecho o tiene nociones?. Hoy en día, la Policía es la que lleva el proceso, la prensa sentencia y el Poder Judicial solo ejecuta”.




Óscar Manuel Visalot Paredes (43), taxista acusado de ultrajar sexualmente a 14 escolares, estaría en busca de que las denuncias en su contra queden sin efecto a través de la entrega de dinero.

En un informe difundido por el programa de TV ‘Panorama’, la madre de una de las presuntas niñas violadas por Visalot, y tía de otra, refirió que el taxista le había ofrecido S/. 200 para que retire las denuncias policiales de ambas menores.

“Esto fue en marzo, al comienzo del caso. Me dijo que no le había hecho nada a mi hija. Que solo la había tocado pero fue un error, y que retirara las denuncias”, indicó la mujer que fue identificada solo como Isabella.

Esta acotó que ante su negativa y ya iniciadas las pericias de la Fiscalía de Familia, un hombre también le ofreció dinero: “Dijo que me iba a pagar US$ 2 mil si no me presentaba a declarar a ninguna fiscalía, pero también lo rechacé”.

Acotó que tras ello, este la amenazó y días después cuatro policías tocaron la puerta de su domicilio acusándola de proxenetismo y de vender droga.

‘Isabella’ aseguró que se trata de una estrategia de Óscar Visalot para salir librado del proceso que debe afrontar. Incluso, señaló que su sobrina ha dejado de acudir a brindar sus declaraciones porque habría recibido dinero del supuesto violador.

“Él ha pagado a las agraviadas pero en el caso de mi hija no la va a poder comprar. Estoy segura que van a aparecer más víctimas así que no esté muy seguro porque el dinero no le va a alcanzar”, añadió.

HABRÍA ADELANTADO SUS INTENCIONES
Visalot habría adelantado parte de esta aparente estrategia cuando señaló tras su captura, en la sede de Requisitorias, que la única manera en que podía demostrar su inocencia era si las menores decían que “todo era mentira”. “Ninguna de ellas se siente víctima y los padres menos”, subrayó.

Aquella mañana, el taxista también indicó sin tapujos: “La ley dice que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ustedes lo aplican al revés. Alguno de ustedes ha estudiado derecho o tiene nociones?. Hoy en día, la Policía es la que lleva el proceso, la prensa sentencia y el Poder Judicial solo ejecuta”.



Taxista acusado de violar a 14 escolares pretende quedar libre de culpa pagando a sus víctimas


Óscar Manuel Visalot Paredes (43), taxista acusado de ultrajar sexualmente a 14 escolares, estaría en busca de que las denuncias en su contra queden sin efecto a través de la entrega de dinero.

En un informe difundido por el programa de TV ‘Panorama’, la madre de una de las presuntas niñas violadas por Visalot, y tía de otra, refirió que el taxista le había ofrecido S/. 200 para que retire las denuncias policiales de ambas menores.

“Esto fue en marzo, al comienzo del caso. Me dijo que no le había hecho nada a mi hija. Que solo la había tocado pero fue un error, y que retirara las denuncias”, indicó la mujer que fue identificada solo como Isabella.

Esta acotó que ante su negativa y ya iniciadas las pericias de la Fiscalía de Familia, un hombre también le ofreció dinero: “Dijo que me iba a pagar US$ 2 mil si no me presentaba a declarar a ninguna fiscalía, pero también lo rechacé”.

Acotó que tras ello, este la amenazó y días después cuatro policías tocaron la puerta de su domicilio acusándola de proxenetismo y de vender droga.

‘Isabella’ aseguró que se trata de una estrategia de Óscar Visalot para salir librado del proceso que debe afrontar. Incluso, señaló que su sobrina ha dejado de acudir a brindar sus declaraciones porque habría recibido dinero del supuesto violador.

“Él ha pagado a las agraviadas pero en el caso de mi hija no la va a poder comprar. Estoy segura que van a aparecer más víctimas así que no esté muy seguro porque el dinero no le va a alcanzar”, añadió.

HABRÍA ADELANTADO SUS INTENCIONES
Visalot habría adelantado parte de esta aparente estrategia cuando señaló tras su captura, en la sede de Requisitorias, que la única manera en que podía demostrar su inocencia era si las menores decían que “todo era mentira”. “Ninguna de ellas se siente víctima y los padres menos”, subrayó.

Aquella mañana, el taxista también indicó sin tapujos: “La ley dice que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ustedes lo aplican al revés. Alguno de ustedes ha estudiado derecho o tiene nociones?. Hoy en día, la Policía es la que lleva el proceso, la prensa sentencia y el Poder Judicial solo ejecuta”.




Óscar Manuel Visalot Paredes (43), taxista acusado de ultrajar sexualmente a 14 escolares, estaría en busca de que las denuncias en su contra queden sin efecto a través de la entrega de dinero.

En un informe difundido por el programa de TV ‘Panorama’, la madre de una de las presuntas niñas violadas por Visalot, y tía de otra, refirió que el taxista le había ofrecido S/. 200 para que retire las denuncias policiales de ambas menores.

“Esto fue en marzo, al comienzo del caso. Me dijo que no le había hecho nada a mi hija. Que solo la había tocado pero fue un error, y que retirara las denuncias”, indicó la mujer que fue identificada solo como Isabella.

Esta acotó que ante su negativa y ya iniciadas las pericias de la Fiscalía de Familia, un hombre también le ofreció dinero: “Dijo que me iba a pagar US$ 2 mil si no me presentaba a declarar a ninguna fiscalía, pero también lo rechacé”.

Acotó que tras ello, este la amenazó y días después cuatro policías tocaron la puerta de su domicilio acusándola de proxenetismo y de vender droga.

‘Isabella’ aseguró que se trata de una estrategia de Óscar Visalot para salir librado del proceso que debe afrontar. Incluso, señaló que su sobrina ha dejado de acudir a brindar sus declaraciones porque habría recibido dinero del supuesto violador.

“Él ha pagado a las agraviadas pero en el caso de mi hija no la va a poder comprar. Estoy segura que van a aparecer más víctimas así que no esté muy seguro porque el dinero no le va a alcanzar”, añadió.

HABRÍA ADELANTADO SUS INTENCIONES
Visalot habría adelantado parte de esta aparente estrategia cuando señaló tras su captura, en la sede de Requisitorias, que la única manera en que podía demostrar su inocencia era si las menores decían que “todo era mentira”. “Ninguna de ellas se siente víctima y los padres menos”, subrayó.

Aquella mañana, el taxista también indicó sin tapujos: “La ley dice que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ustedes lo aplican al revés. Alguno de ustedes ha estudiado derecho o tiene nociones?. Hoy en día, la Policía es la que lleva el proceso, la prensa sentencia y el Poder Judicial solo ejecuta”.



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