Algo no encaja en esta historia. Un lío de tierras entre un grupo de pobladores de comunidades amazónicas y empresarios extranjeros no tendría por qué haber terminado en graves acusaciones alrededor de un crimen sangriento y morboso, en el que los asesinos arrancaron la piel del rostro y la cabeza a un dirigente después de dispararle en la espalda una bala de escopeta, de esas que se usan para cazar animales de monte.Tampoco debía haber terminado en historias de hombres encapuchados que deambulan de noche por los caseríos y asustan con la luz de sus linternas a los que están despiertos, ni en aquellas amenazas telefónicas que, de cuando en cuando, alteran la vida común y corriente de quienes dedican varias horas de su día a defender un territorio.
El problema del que hablamos se concentra en la comunidad de Nuevo Papaplaya, ubicada en el sector de Quebrada Yúrac, perteneciente al distrito de Teniente César López, en la provincia loretana de Alto Amazonas. Esta comunidad fue constituida hace 15 años y, a pesar de contar con un reconocimiento como tal por parte de las autoridades provinciales, y de haber tramitado durante este tiempo su titulación ante el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), sus habitantes no tienen un papel con la firma de un funcionario que indique que sí, que ellos son los dueños de estas tierras.
UN TERRENO EN DISPUTA
Un terreno de 72.654 hectáreas es una porción inmensa de tierra. Por S/. 70.846,25, el empresario coreano Jae Min Lee, gerente de la empresa Ecoamérica, se adjudicó este espacio con el fin de explotar sus recursos madereros y sembrar palma aceitera. Pagó menos de S/.1 por cada hectárea al Ministerio de Agricultura, según señala el comprobante del Banco de la Nación fechado el 31 de enero del 2007.
Este terreno adjudicado abarca parte de los distritos de Teniente César López, Sarayacu (provincia de Ucayali) y Puinahua (provincia de Requena). La empresa asegura que esta área no era aprovechada por nadie, ni por los pobladores de las comunidades ni por el Estado, y que desde el 2006 la venía ocupando.
“No queremos ser extranjeros en nuestra propia tierra”, dijo un poblador de Nuevo Papaplaya noches atrás en una reunión comunal llevada a cabo en el templo de la comunidad donde se toman las principales decisiones. Una de estas fue la de constituir una empresa comunal agroindustrial, a través de la cual intentan convencer a las autoridades de que ellos pueden aprovechar los recursos de la zona. Pero sobre todo decidieron oponerse, con toda la firmeza que la vía judicial permite, al ingreso de la empresa. Pero el trámite les está resultado complicado, peligroso, trágico incluso.
DÍAS Y NOCHES DE MIEDO
“Miguel Huaynacari Huayta salió de su casa aproximadamente a las 11 de la noche del día martes 2 de noviembre llevando anzuelos, una retrocarga, cartuchos y linterna también […] Lo encontraron a una hora aguas abajo del caserío en la quebrada Yanayacu […] Encontraron una huella de bala en la espalda, el rostro desfigurado y sin el cuero cabelludo…”, se lee en el acta de levantamiento del cadáver.
Según los policías, el autor intelectual del asesinato de Miguel Huaynacari sería un sujeto con quien él tuvo una discusión, luego de que la esposa del comunero lo acusara de querer ultrajarla. Pero no descartan que el crimen tenga relación con los líos judiciales entre los pobladores y los representantes de Ecoamérica.
En primer lugar, porque Huaynacari era uno de los dirigentes que lideraba las gestiones de defensa de los territorios en disputa; en segundo lugar, porque entre los sospechosos figuran dos ex trabajadores de la empresa; en tercer lugar, porque días después del crimen un hombre llamó al celular de Magno Rodríguez, presidente de la comunidad de Nuevo Papaplaya, y le dijo: “Ya se murió uno; faltan cuatro”.
Ahora él no se atreve a estar sin compañía y prefiere quedarse en Yurimaguas porque siente que podría morir en este instante, dentro de diez minutos, en cualquier momento. Ahora Magno sueña con personas muertas, y a veces no sueña porque no duerme, y no duerme porque pobladores asustados le tocan la puerta para avisarle que han visto a los encapuchados, que son cuatro, que llevan botas y que no roban nada, solo merodean, observan, rondan.
Por el momento, la decisión final está en manos de un juez en Tarapoto. Los reclamos de los pobladores, entre tanto, continúan: “Hemos pedido la titulación durante años y Cofopri no nos la dio, pero viene un extranjero y le dan prioridad”, protesta William Yumbato, el agente municipal de Nuevo Papaplaya. En Cofopri, funcionarios que accedieron a comentar el tema, pero que prefirieron mantener el anonimato, explicaron que, por cuestiones burocráticas, los trámites en determinadas regiones del país son tan difíciles que no hay cuándo terminen.
Algo muy extraño viene ocurriendo en esta región. Muy extraño y muy peligroso. Lo que hay ahora es un miedo que entumece. Una de las últimas denuncias de amenaza de muerte menciona un letrero pintado en una vivienda en el que se leía: “Juan Dahua es hombre muerto” (otro dirigente). La frase fue escrita solo un día después del entierro de Miguel Huaynacari, según refiere el documento enviado a la Gobernación de Teniente César López, en el que se pide garantías.
La carta, escrita a mano pero bastante formal, como cualquier documento enviado a una autoridad, lleva como encabezado la paradoja: “Año de la consolidación económica y social en el Perú”.
RICARDO LEÓN ALMENARA
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