La crisis penitenciaria está llegando a niveles insoportables para el Estado de derecho. Al escandaloso hacinamiento de los penales, se suma ahora la terrible noticia de que en Lurigancho se asesina a personas sin que nadie se dé cuenta por varios meses. Lo que esto revela es un grado supremo de desorden, descontrol y, finalmente, de falta de autoridad, suma que constituye una bomba de tiempo.Como telón de fondo, ni el Ministerio de Justicia, del que depende el Instituto Nacional Penitenciario, ni el del Interior, a cargo de la Policía Nacional, asumen su responsabilidad por este caos y, como en el patético juego del gran bonetón, la rehúyen.
¿Cómo pudo un preso, en este caso holandés, estrangular a su pareja que lo visitaba y sepultarla debajo de una banca de concreto? ¿Qué sistema de control de visitas es este en que nadie repara de la ausencia de una persona? ¿Es solo un problema de método, logística y falta de personal o, como se sospecha, el sistema está podrido y son algunos miembros del INPE y de la PNP los que permiten y se aprovechan de este carrusel corruptor?
El reto, entonces, no solo es construir más penales y ampliar los ya existentes, sino restaurar los principios de orden y autoridad. No es posible que algunos pabellones se hayan convertido en tierra de nadie para las autoridades y en cotos cerrados donde mandan los anacrónicos ‘taitas’, quienes cobran cupos por dar protección y controlan el negocio de la droga y los licores.
Es también desde los penales donde las bandas de secuestradores y asaltantes siguen operando con total impunidad y dirigen a sus compinches en libertad. En este contexto, el sistema de bloqueo de celulares que se instaló en algunas cárceles de ‘alta seguridad’ sigue siendo una burla a la sociedad, pues la mayor parte del tiempo permanece malogrado o desconectado.
Ayer se realizó una requisa y se decomisaron armas, celulares y licores. Pero una primavera no hace verano, menos cuando el problema es tan grave y estructural. También se anunció una reu-nión entre las principales autoridades de los sectores Justicia e Interior para evaluar la situación.
Se esperan resultados concretos y prontos. El desafío de la ministra Rosario Fernández en esta gestión debe ser devolver orden a los penales para que estos recuperen su razón de ser: lugares de sanción efectiva a quienes violentan la ley pero también instrumentos de readaptación, lo que hoy es una falacia.
No condicionemos el crédito bancario
El fin no justifica los medios: Puede ser loable el objetivo de promover el aseguramiento universal en salud, pero vincular esto como condición para otorgar créditos bancarios es una medida equivocada que afecta derechos fundamentales y traería más perjuicios que beneficios.
En primer lugar, afectará a los trabajadores independientes e informales, que representan el 60% de la población económicamente activa (PEA). Según el ministro de Salud, Óscar Ugarte, siete millones de personas no cuentan con ese tipo de seguro.
Además, y como lo ha advertido Asbanc, se volvería más lento el proceso de bancarización, que apenas llega al 23%, uno de los más bajos de la región. Del mismo modo, representa una barrera burocrática, cuando lo deseable es simplificar los trámites.
Ante esta situación, cabe respaldar el pedido de la SBS y del propio titular del MEF, Ismael Benavides, para que el Poder Ejecutivo revise y derogue esa norma y busque otros mecanismos para promover el aseguramiento universal.
Elcomercio.pe
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