Esta tarde, la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, calificó de inconstitucionales en su forma a los decretos de urgencia del Poder Ejecutivo 001-2011 y 002-2011, que priorizan 33 proyectos de inversión.El cuestionamiento de Merino se ampara en que en la publicación de las leyes no se señala “cuáles son las consideraciones extraordinarias” que justifican su publicación con carácter de urgencia. Por ello, pidió la intervención del Congreso de la República en este caso.
Los decretos de urgencia exonerarían a los proyectos de inversión priorizados este año del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
“No se justifican su excepcionalidad y necesidad como lo exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC)”, dijo Merino, quien añadió que toda inversión estatal “debe gozar de los derechos fundamentales”, por ser de interés público.
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