Un nuevo frente se ha abierto para Doe Run Perú, y esta vez no en nuestro país sino en Estados Unidos. Once denuncias por la afectación de la salud de 107 niños de La Oroya han sido aceptadas por el Vigésimo Segundo Juzgado de la ciudad de St. Louis, en el estado de Missouri, lo que ha generado preocupación en la firma.Las denuncias van contra el Grupo Renco, sus afiliadas (incluida Doe Run Perú) e incluso algunos ejecutivos. Una de ellas fue realizada por dos religiosas estadounidenses que han abanderado una cruzada en favor de los pobladores de La Oroya.
Sin embargo, estas denuncias podrían ser la punta del iceberg respecto de las que podría recibir el Grupo Renco por las actividades de su afiliada en el Perú.
La semana pasada un grupo de diez abogados estadounidenses estuvo en La Oroya con la finalidad de recoger nuevos casos y, si bien lo consiguieron, también tuvieron problemas con algunos trabajadores de Doe Run, que cuestionaron su presencia en La Oroya.
La abogada de la ONG Coperacción, Emma Gómez, indicó que el hecho de que la corte de Missouri haya aceptado las denuncias quiere decir que reconoce que tiene jurisdicción sobre este problema, lo que podría culminar en una sentencia que exija sendas indemnizaciones de Renco a los pobladores de La Oroya.
SEÑALAN AL GOBIERNO
Doe Run Perú ha publicado comunicados por los cuales exige al Estado Peruano asumir los reclamos de terceros y que se responsabilice por la indemnización de cualquier daño originado a partir de la operación del Complejo Metalúrgico de La Oroya (que es de su propiedad).
El vicepresidente de Asuntos Ambientales de Doe Run Perú, José Mogrovejo, indica que así lo estipula el contrato de privatización, el que señala que el Estado debe hacerse responsable de la afectación de las emisiones gaseosas y de material particulado del Complejo Metalúrgico hasta la culminación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). De esta manera, considerando que el Estado ha ampliado su PAMA, le corresponde a este –afirma Doe Run– remediar las áreas afectadas y mantener indemne a la minera contra reclamos de terceros.
La entidad que debe hacer frente a Doe Run por parte del Estado es Activos Mineros, la cual aún está en cura de silencio acerca de estos temas. Una fuente de esta empresa estatal señaló que la idea es evitar que Doe Run utilice cualquier declaración como argumento legal. En ese sentido, dijo que cualquier disputa del contrato deberán llevarla a un arbitraje en Londres, según indica el propio contrato.
La ex directora general de Minería, María Chappuis, explica que cuando se firmó el contrato de privatización, quedó estipulado que el PAMA sería concluido en enero del 2007, y las normas que flexibilizaron la culminación del mismo no exoneran a Doe Run de las obligaciones y responsabilidades en el contrato de privatización celebrado en 1997, año en que empezó a operar la minera. Por ello, Doe Run interpretaría erróneamente la flexibilización como una ampliación del PAMA.
DAÑOS PUNITIVOS
Según Emma Gómez, representante de Coperacción, la razón por la que la demanda se ha realizado contra Renco en el Estado de Missouri se debe a que esta tenía conocimiento de que su afiliadas cometían atropellos en contra de la salud de los pobladores de La Oroya y no hizo nada.
En el caso de que la denuncia hubiera sido contra Doe Run Perú, Gómez indica que el juzgado estadounidense se hubiera abstenido de aceptar la demanda, por no tener competencia y solicitar que el caso sea visto por un juzgado peruano.
Los denunciados en este caso, además de pagar indemnizaciones, podrían verse sujetos al pago de daños punitivos, que podrían ser bastante altos.
Por Manuel Marticorena Solís
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