"¿Aló?, señor presidente (refiriéndose a Hugo Gonzales Sayán), le voy a dar una noticia que le va a causar dolor de cabeza; la Sala Constitucional del Poder Judicial ha aceptado la apelación de ProInversión a la medida cautelar del Juzgado de Wanchaq", fueron las palabras del procurador del gobierno regional, Luis Gallegos Inquilltupa, en el preciso instante que informaba al presidente regional que nuevamente se dio luz verde al proceso de licitación de Majes Sigua II, proceso que estaba por concluir con la firma de contrato si no fuera porque el Juzgado de Wanchaq aceptó la acción de amparo que presentó el gobierno regional contra este proyecto.
Cuando todo hacía pensar que la provincia de Espinar estaba siendo finalmente escuchada y que antes de ejecutarse cualquier obra se absolverían las dudas y preocupaciones de los pobladores, como la escasez de agua en la citada provincia, a través de varias mesas de trabajo como la que se llevó a cabo ayer, encabezada por el minisro de la Producción, Jorge Villasante, y los técnicos de la ANA (Autoridad Nacional del Agua); la Sala Cons titucional emite una resolución por la cual se inhibe la medida cautelar que respaldaba los intereses cusqueños.
Sin embargo, para que esta medida se adopte la sala debió emitir otra resolución con la cual se informe a las partes que se aceptaría la apelación, pero como la Procuraduría jamás fue notificada, podría argumentar este hecho para buscar que esta inhibición se anule.
ACCIONES INMEDIATAS.
"Primero vamos a verificar que la sala no nos comunicó que este problema ya estaba en una etapa de resolución, pero paralelamente debemos continuar con el proceso de desactivación que ya fue admitido en Lima, y también debemos proseguir con la demanda en el Juzgado Contencioso Administrativo, en el que se solicita la nulidad de la Resolución Jefatural 509 de la ANA", declaró el procurador del gobierno regional, aclarando que estas serían las acciones inmediatas que deberá adoptar la Región.
La resolución de inhibición fue firmada por Yuri Pereira y Miriam Pinares, magistrados adjuntos de la Sala Constitucional que está encabezada por el juez Fernando Murillo.
La firma de los dos fiscales adjuntos permite a ProInversión firmar el contrato para la ejecución del proyecto de irrigación Majes Siguas II con la empresa ganadora del concurso de licitación, Cosorcio Angostura Siguas. "Cusco está perdiendo la batalla en manos de sus propios magistrados", finalizó Gallegos.
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