Entre los documentos con los que contó el juez Segismundo León para otorgarle la libertad condicional a la emerretista Nancy Gilvonio, se encontraba un informe del Consejo Técnico Penitenciario del INPE, el mismo que resolvía que la referida presidiaria “venía respondiendo favorablemente a las acciones de tratamiento (...) lo que hace presumir que cumplirá con las condiciones del beneficio solicitado”.
¿Y en qué se basó este órgano adscrito al Ministerio de Justicia para determinar que Gilvonio estaba apta para reinsertarse a la sociedad?
El denominado informe evaluativo del INPE recoge una serie de documentos entre los que se encuentran informes psicológicos, constancias de buena conducta, de participación en talleres de manualidades y computación, y hasta un diplomado en gestión educativa.
“En el penal se dedica a realizar trabajos manuales mayormente tejidos a crochet y palitos que comercializaba a través de organizaciones que apoyan en el penal”, señala el documento al que tuvo acceso elcomercio.pe.
También se cita un informe psicológico de número 210-2009 que dice: “(...) forja metas precisas de integración familiar junto a su hermano y la esposa de este con la inmediata administración de un salón de belleza, para posteriormente ejercer su profesión (secretaria)”.
Por todo eso el INPE consideró que Gilvonio podía cumplir “una adecuada integración social y familiar”, razón por la que vio favorable que acceda al beneficio penitenciario que solicitó.
PIDEN EXPLICACIONES A MINISTRA
Fue el congresista Carlos Bruce (AP), quien alertó hoy de la existencia de este informe. El congresista cuestionó que el presidente Alan García y la ministra de Justicia, Rosario Fernández, hayan rechazado la decisión judicial, cuando el propio INPE recomendó la liberación de Gilvonio. Por esta razón pidió explicaciones a Fernández.
Bruce reiteró que el Decreto Legislativo 927, al que se acogieron Lori Berenson y Nancy Gilvonio para solicitar su libertad condicional, y que se dio durante el gobierno de Alejandro Toledo, no permitía la liberación de terroristas porque tenía dos candados: uno en la decisión del INPE y el otro en la decisión del juez.
“El informe del INPE dice que textualmente que la ex emerretista llevó tratamiento individual y grupal, participa de acciones socioeducativas, tiene conciencia del delito y al salir pondrá un salón de belleza”, señaló Bruce en declaraciones a Radio Programas.
Entre los documentos con los que contó el juez Segismundo León para otorgarle la libertad condicional a la emerretista Nancy Gilvonio, se encontraba un informe del Consejo Técnico Penitenciario del INPE, el mismo que resolvía que la referida presidiaria “venía respondiendo favorablemente a las acciones de tratamiento (...) lo que hace presumir que cumplirá con las condiciones del beneficio solicitado”.
¿Y en qué se basó este órgano adscrito al Ministerio de Justicia para determinar que Gilvonio estaba apta para reinsertarse a la sociedad?
El denominado informe evaluativo del INPE recoge una serie de documentos entre los que se encuentran informes psicológicos, constancias de buena conducta, de participación en talleres de manualidades y computación, y hasta un diplomado en gestión educativa.
“En el penal se dedica a realizar trabajos manuales mayormente tejidos a crochet y palitos que comercializaba a través de organizaciones que apoyan en el penal”, señala el documento al que tuvo acceso elcomercio.pe.
También se cita un informe psicológico de número 210-2009 que dice: “(...) forja metas precisas de integración familiar junto a su hermano y la esposa de este con la inmediata administración de un salón de belleza, para posteriormente ejercer su profesión (secretaria)”.
Por todo eso el INPE consideró que Gilvonio podía cumplir “una adecuada integración social y familiar”, razón por la que vio favorable que acceda al beneficio penitenciario que solicitó.
PIDEN EXPLICACIONES A MINISTRA
Fue el congresista Carlos Bruce (AP), quien alertó hoy de la existencia de este informe. El congresista cuestionó que el presidente Alan García y la ministra de Justicia, Rosario Fernández, hayan rechazado la decisión judicial, cuando el propio INPE recomendó la liberación de Gilvonio. Por esta razón pidió explicaciones a Fernández.
Bruce reiteró que el Decreto Legislativo 927, al que se acogieron Lori Berenson y Nancy Gilvonio para solicitar su libertad condicional, y que se dio durante el gobierno de Alejandro Toledo, no permitía la liberación de terroristas porque tenía dos candados: uno en la decisión del INPE y el otro en la decisión del juez.
“El informe del INPE dice que textualmente que la ex emerretista llevó tratamiento individual y grupal, participa de acciones socioeducativas, tiene conciencia del delito y al salir pondrá un salón de belleza”, señaló Bruce en declaraciones a Radio Programas.