Hacinamiento en penales se reducirá en 10% hacia junio

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Los dos crímenes ocurridos recientemente en una cárcel limeña han puesto en alerta al Estado, ante la incapacidad para gerenciar los penales en el país. Ayer se publicó en “El Peruano” la Resolución Ministerial 1131 del sector Interior que obliga a la Policía Nacional, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario(INPE), a entregar, en un plazo de 10 días, un plan detallado para atender la emergencia en el penal de Lurigancho.

El miércoles los ministros de Justicia e Interior, Rosario Fernández y Miguel Hidalgo, respectivamente, esbozaron algunas de las acciones que se incluirán en dicho plan, como incrementar el número de policías y vigilar las visitas; y ayer acudieron al Congreso de la República para detallar lo que se piensa hacer para reforzar la seguridad carcelaria en los ocho meses que le restan a la gestión deAlan García.

Ante la Comisión de Justicia, Fernández aprovechó para destacar que del 2007 a la fecha se logró reducir el hacinamiento en las cárceles en un 19%. Actualmente hay 46.303 reclusos en espacios diseñados solo para 27.167, lo que significa que el número de presos rebasa en un 70% la capacidad de los presidios.

En lo que resta del período gubernamental –dijo– se construirán 4.052 nuevas plazas, ya que se van a ampliar los establecimientos penitenciarios de Cañete e Ica, se inaugurarán nuevos ambientes en Piedras Gordas II y se construirán los penales de Tarapoto y Moyobamba. En algunos casos ya se ha asignado la buena pro para el inicio de las obras.

Así, el actual hacinamiento se reduciría en otro 10%. “Con lo construido desde el 2007 hasta lo que se termine de habilitar en junio se cerraría el período con un total de 10.810 nuevas plazas”, dijo.

Otro de los anuncios, que posibilitará reducir el número de policías que custodian a presos y aumentar la vigilancia en las calles, es el uso de brazaletes electrónicos. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Pro Inversión) aprobó la adquisición de los dispositivos electrónicos que serán colocados a los 150 reos que cumplen arresto domiciliario o comparecencia en Lima. Se trabajará bajo la modalidad de contratación de servicios a terceros.

Al respecto, Fernández estimó que en tres meses culminará el proceso, por lo que en abril se contará con los brazaletes.

LURIGANCHO EN LA MIRA

Como parte de las medidas para retomar el control en el penal de Lurigancho, el jefe del INPE, general Wilson Hernández, quien también acudió al Congreso, explicó que en los próximos meses se trasladará progresivamente a 1.000 internos a otros centros de reclusión, entre ellos Piedras Gordas II. Asimismo, dijo que se habilitarán nuevos accesos para los visitantes, a fin de facilitar el control y la seguridad. Además se establecerán dos turnos para las 6.500 mujeres que ingresan a ver a sus allegados los miércoles y sábados.

Miguel Hidalgo indicó que, tras los dos crímenes, se retendrá el DNI de los visitantes, se hará la revisión con perros antidrogas y se verificarán los nombres en la base de datos de requisitorias. “Se continuará el proceso así demore tres horas en vez de una. La meta es contratar un sistema de identificación de huellas, pero será a futuro”, dijo.