La transparencia debe ser la regla: A poco más de tres meses de las elecciones generales, es preciso recordar a los partidos políticos su obligación de presentar no solo un planteamiento programático y sus equipos técnicos, sino también cuáles son sus fuentes de financiamiento.La ONPE ha recordado que reportar sobre ingresos y gastos es un deber que también alcanza a los candidatos presidenciales –que en el 2006 recibieron la mayor parte de donaciones–, que a su vez deben proporcionar esta información a sus partidos para que estos puedan transferirla al organismo electoral a través de reportes bimensuales.
El primer reporte partidario debe presentarse a la ONPE el 31 de enero y el segundo, el 31 de marzo. Sin embargo, en vista del comportamiento previo de los partidos tenemos que preguntarnos: ¿Cumplirán las organizaciones políticas esta vez con desplegar sus fuentes de ingresos? ¿Tienen la ONPE y el JNE la actitud y los instrumentos legales para obligar y sancionar los incumplimientos? ¿Qué perjuicios al sistema democrático puede causar este comportamiento irregular y secretista de los partidos?
La historia reciente es preocupante, pues aún seguimos a la espera de los informes de financiamiento de las recientes elecciones municipales y regionales, y no se conoce de sanciones. Ello, a pesar de que, según el art. 39 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, la omisión de información puede ser multada con 10 a 50 veces la cantidad que no se informó. Los omisos también podrían perder el financiamiento público directo del Estado, como lo señala la Ley de Partidos Políticos.
Al parecer, como hemos alertado ya, estas sanciones son insuficientes. En el futuro deberían considerarse cambios legales para hacer mucho más drásticas las penas, incluso la inhabilitación de la postulación. En tanto, la ONPE tiene sobre sí la gran responsabilidad de notificar continuamente a los partidos esta obligación; y los líderes políticos, por ética y respeto a los electores, no deben esperar sanciones para cumplir esta obligación democrática.
Es una cuestión de transparencia, coherencia y responsabilidad. La ciudadanía está harta de campañas efectistas, en las que prima el agravio, el ataque personal y la demagogia, y exige compromiso de los candidatos y partidos, con una propuesta estructurada, viable y abierta, que no esté hipotecada por intereses particulares de ningún tipo. El interés nacional debe estar por encima de todo.
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